La Diputación de Córdoba firmó ayer addendas al convenio de Ayuda a Domicilio suscrito en el año 2011, con 67 municipios menores de 20.000 habitantes y 2 ELAs de la provincia, con la finalidad de prestar este servicio para el ejercicio 2018, que suponen una inversión total de 33.084.308 euros.
El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, destacó que “desde que se inició el presente mandato, se han incrementado las partidas destinadas a bienestar social en más de un 28 por ciento, lo que ha supuesto un aumento de 12 millones de euros, hasta alcanzar los 54,5 millones que se destinan también a igualdad, consumo y participación ciudadana, o al mantenimiento y funcionamiento del Centro de Discapacitados”.
Ruiz resaltó que “en esta importante apuesta cobra un especial protagonismo la atención a las personas en situación de dependencia, servicio que en la provincia atiende a más de 4.000 usuarios, lo que supone un total de 2.578.644 horas”. En este sentido, el máximo representante de la institución provincial recalcó que “Andalucía está soportando cerca del 80 por ciento de la financiación de este servicio, haciendo un esfuerzo extraordinario para seguir haciéndolo con calidad”.
“El servicio de Ayuda a Domicilio tiene una vital importancia, ya que facilita la autonomía de las personas en situación de dependencia en su medio habitual “, ha insistido Ruiz, quien ha incidido también en “que este servicio tiene un importante impacto en el empleo, sobre todo en un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral, como son las mujeres”.
Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, Felisa Cañete, resaltó que “con la firma de estos convenios volvemos a poner el acento en el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.
“El programa de Ayuda a Domicilio que prestamos desde el IPBS es uno de los mejor valorados en la provincia, no sólo por los usuarios, sino por familiares, cuidadores y profesionales, ha subrayado Cañete. El objetivo del mismo, según señaló la diputada es doble, “por un lado permitir que las personas mayores dependientes permanezcan el mayor tiempo posible en su entorno, y por otra parte, supone una importante generación de empleo en nuestros municipios”.
Cañete se mostró muy satisfecha con la “importante evolución que ha experimentado este servicio desde el 2015 -en el que eran 3.325 los usuarios beneficiados- hasta el 2017 -con una atención a 4.536 usuarios-, lo que supone un incremento del 36,42 por ciento”.
En cuanto al número de horas, en el mismo periodo, “se ha pasado de 1.845.048 (en 2015) a 2.578.644 (en 2017). Y la cantidad invertida ha sufrido un aumento del 45,22 por ciento, ya que sube de 22.781.338 euros, en 2015, a una previsión estimada de 33.084.308 euros para el 2018”, apuntó Cañete.
Para finalizar, los datos de empleo también experimentan un incremento, de los 1.564 puestos de trabajo creados en 2015 a los 1.968 del año 2017, y a los 2.185 que se prevén para el 2018.
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