El Programa en Defensa de la Vivienda impulsado desde la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía sigue dando de que hablar con el recurso que interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, contra diversos preceptos de la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda. Una situación que impide de manera momentánea a la Consejería realizar expropiaciones de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social ni tampoco sancionar viviendas vacías en manos de entidades financieras.

Esta misma mañana, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, ha estado en Córdoba donde ha realizado un llamamiento público a las familias en riesgo de desahucio para que “acudan a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda”, que en su primer año de funcionamiento han contribuido a evitar más de 3.261 desahucios en Andalucía, más de 270 de ellos en Córdoba. “Nos vamos a poner de su parte y a ayudarles a mantener su vivienda”, ha señalado Cortés.

El acto ha servido para que se rubrique la adhesión de 12 ayuntamientos al Programa, entre los que se encuentran Dos Torres, El Viso, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque, que forman ya de los 44 ayuntamientos adscritos en la provincia y de los 251 que se han unido a este Programa en toda Andalucía. Cortés ha agradecido a los alcaldes firmantes «su compromiso y su rebeldía».

Defensa del Programa

La Ley recurrida, en vigor desde el 9 de octubre, ha permitido realizar 39 expropiaciones para evitar desahucios, cinco de ellas en Córdoba (dos en la capital, una en La Rambla, otra en Doña Mencía y una más en La Carlota). En paralelo al trabajo de las oficinas contra los desahucios, y en cuanto reciba la notificación del Constitucional de la paralización de la Ley (trámite automático una vez el presidente la recurre invocando el artículo 161.1 de la Constitución), la Consejería solicitará a dicho Tribunal que no agote el plazo de cinco meses que tiene para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la Ley hasta que haya una sentencia firme. “La suspensión provoca una desprotección gravísima del derecho a la vivienda de todas las personas en problemas con su hipoteca, que se quedan vendidas. Además, en Cataluña funciona una Ley con preceptos similares a la de Andalucía, que también permite sancionar a los bancos por tener viviendas vacías, y no se produce ninguna lesión de derechos”, ha señalado Cortés, que ha añadido que “a las puertas del 28F el Gobierno quiere ningunear la autonomía de Andalucía”.

“Este recurso provoca desahucios, facilita la especulación y encarece el acceso a la vivienda. Las familias con problemas para pagar su hipoteca se quedan desprotegidas y a merced de las entidades financieras. Los jóvenes que buscan independizarse lo tienen hoy más difícil que ayer”, ha señalado la consejera, que ha recordado que los propósitos fundamentales de la Ley son evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social y promover la salida en alquiler de las más de 700.000 viviendas existentes en la comunidad.

“A pesar de que el Gobierno haya forzado por las bravas la paralización cautelar de la Ley, sin aportar ni un solo argumento jurídico solvente, vamos a continuar trabajando por los mismos objetivos”, ha señalado la consejera, que ha recordado que las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda constituyen “una herramienta útil y eficaz de la Consejería para evitar desahucios”.