El pasado lunes 20 de febrero, el Boletín Oficial del Estado publicaba el anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba por el que se convoca la licitación del contrato de la gestión indirecta mediante concesión del servicio público del matadero de la localidad. Se trata de un paso más dado desde el Consistorio jarote para culminar un proceso que se resiste, el de volver a poner en marcha un servicio que lleva años en el dique seco y ante el que ha sido imposible encontrar una solución en diferentes legislaturas.

En la actualidad hay dos problemas a solventar, la situación de las instalaciones y la falta de industriales que quieran hacerse con la explotación del matadero. La decisión del actual equipo de gobierno ha sido reorientar el pliego, por una parte, y asumir la remodelación y puesta al día de las instalaciones, por la otra, entendiendo que asumiendo el coste de las obras la propuesta será más atractiva para las empresas. Así, la idea que se ha puesto en marchar es la de lanzar el pliego para conocer el interés que pueda suscitar esta posibilidad para el sector empresarial, ya que bajo ningún concepto se acometerán las obras de mejora sin en el horizonte no hay una posibilidad real y cerrada que garantice la apertura del matadero.

¿La razón? La inversión total supera los 1,5 millones de euros, una cantidad que será asumida por el Consistorio jarote para hacer más atractivo el pliego. Y es que es condición sine qua non para la puesta en marcha del matadero la remodelación y adaptación de las instalaciones a la legalidad vigente, algo que necesita una gran inversión y que “ningún empresario hará porque es un desembolso económico muy importante”, explica la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez. De ahí, que desde el gobierno se haya dado una vuelta y se haya decidido asumir esas obras.

“El estado del matadero es lamentable y desde luego no se solventa con 60.000 euros, como prueba están los procesos para la concesión administrativa que se realizaron durante la anterior legislatura por el PSOE, quedándose ambos desiertas”, relata la primera edil. Desde el equipo de gobierno se defiende, aunque ha sido criticado por los socialistas, que “nadie va a hacer una inversión de esa magnitud y nosotros tenemos claro que tampoco vamos a hacerlo si no hay un empresario dispuesto a poner en funcionamiento el matadero. Creo que con la experiencia que tenemos, la lectura que hemos hecho es la que haría cualquier ciudadano de Villanueva de Córdoba”.

En el pliego se exige que se atienda a cualquier demanda de los industriales del ámbito de la Denominación de Origen, así como seguir con su actividad en el sector ovino, vacuno y porcino, ascendiendo la cuantía del contrato a 375.000 euros. Para evitar problemas de incumplimiento de compromisos, se constituirá una comisión de seguimiento donde estarán representados todos los partidos políticos, además de evaluar las instalaciones cada seis meses. Esas serán las medidas que se adoptarán para que el pliego, si la adjudicación se materializa, se cumpla en su totalidad. La actual alcaldesa de la localidad defiende la inversión por la importancia de un matadero que dará servicio comarcal y vendría a dar posibilidades al sector más importante de Los Pedroches, pero también porque “tenemos remanente para afrontar esta inversión y cumplir con una de nuestras promesas electorales”.

Historia

Sin duda, la dejadez ante la conservación de las instalaciones ha sido una de las cuestiones más criticadas en estos últimos, sin que Dolores Sánchez rehúya de su parte de responsabilidad. “Todos los grupos hemos tenido responsabilidad en no exigir al empresario de la concesión administrativa la puesta al día de esas instalaciones, todos somos responsables. Quizás hemos tenido miedo a exigirles algo que podría echar al traste la gestión y perder esos puestos de trabajo, por lo que todos hemos tenido nuestra parte de responsabilidad”, apunta Sánchez.

Los problemas en el matadero se remontan al momento en el que la empresa adjudicataria, Ibéricos del sur, entró en concurso de acreedores y en un largo periodo de liquidación en el que se acordó por la administración concursal rescindir los contratos de los trabajadores. Después de años de inactividad, el anterior equipo de gobierno liderado por Francisco Javier Arenas llevó a pleno en marzo de 2015 la adjudicación a una empresa de Lucena, que finalmente fue rechazada por no disponer de toda la documentación requerida. Además del vacío en el que quedaron las licitaciones hubo también un lamento ante la falta de iniciativa de los industriales de la zona.