El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco acordó en la sesión celebrada ayer lunes crear una comisión informativa especial destinada a determinar el modo en el que se procede a la resolución de los contratos de servicios públicos de limpieza. En concreto se trata de tres contratos, limpieza de edificios y dependencias municipales; conservación, mantenimiento y limpieza de jardines municipales; y limpieza viaria. La creación de esta comisión se realizará ante el acuerdo unánime de todos los grupos y después de que las dos empresas implicadas, Monsecor y Talher, hayan registrado escritos solicitando la resolución de los contratos de mutuo acuerdo. Sin embargo, será esa comisión la que determine la forma de proceder para finalizar esos contratos ya que ante el incumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos el Ayuntamiento podría optar por la rescisión unilateral.

Y aunque hubo unanimidad de todos los grupos políticos para la creación de dicha comisión, lo cierto es que este problema no fue interpretado por todos manteniendo ese acuerdo. La oposición recordó al equipo de gobierno lo que a su entender es una «mala gestión» en relación al tema de la limpieza y la tardanza para actuar cuando fue en el mes de diciembre cuando se presentaron los escritos por parte de las empresas, que ahora habrían registrados otros documentos, con fecha de julio, con idéntico fin y prácticamente el mismo contenido. Así las cosas, fue fácil escuchar que se estaba ante una dejadez de funciones del responsable de servicio e incluso el concejal de Cambiemos Pozoblanco-IU, José María Moyano, pidió la dimisión del mismo, es decir, Manuel Cabrera.

«Va a hacer dos años que no se están cumpliendo los contratos, unos incumplimientos gravísimos», expuso Moyano, algo en lo que ahondó el portavoz de CDeI, Antonio López, que expuso que esos incumplimientos «son bastante importantes como para rescindir el contrato de mutuo acuerdo». López insistió en la demora en solucionar el tema de la limpieza y recordó que «llevamos preguntando por los pliegos y se nos contestó que estaban casi terminados y ahora nos encontramos que toca crear una comisión». Por su parte, la portavoz socialista, Auxiliadora Pozuelo, recordó que «ya advertimos que no era posible cumplir con esos compromisos tras aprobar el contrato con baja temeraria y ahora nos preguntamos quién va a asumir los costes después de dos años de servicio totalmente deficitario».

Se quedó, por tanto, la pelota en el tejado del equipo de gobierno y fue el concejal de Obras y Servicios, Manuel Cabrera, el encargado de responder a las acusaciones vertidas. En primer lugar dejó claro que de dimisión nada, para luego exponer que «las deficiencias que relatan no son tan bruscas» y destacando la «mejora» en el tema de jardines. El edil defendió que en el momento que tuvo conocimiento del escrito presentado por una de las empresas, en el mes de diciembre, elaboró un informe relativo al servicio y volvió a incidir que si no se ha procedido a iniciar el expediente para la resolución de esos contratos se debe a la carga de trabajo del departamento de secretaria.

La respuesta de Cabrera levantó los ánimos de una oposición que tiró del informe técnico para enumerar algunos de los incumplimientos, así como para seguir recordando lo erróneo de la gestión. La respuesta más airada llegó por parte de José María Moyano que le espetó al concejal de Obras que «si usted en diciembre había hecho un informe no se por qué se nos ha ocultado, porque no lo ha visto nadie. Estamos ante unos escritos que ya se presentaron y tan sólo han eliminado que habían mantenido conversaciones con el Ayuntamiento, ¿a qué estamos jugando? Si una empresa se ha comprometido a contratar a quince personas y no se ha contratado a nadie ¿eso no se puede controlar? ¿Qué obligaciones tiene un concejal, cobrar a fin de mes?».

Después de los argumentos de unos y otros, el pleno acordó la creación de esa comisión que tendrá una composición como el resto de comisiones, es decir, tres concejales de PSOE y PP, dos de Pe+ y uno de CDeI e IU.