- PSOE, C’s e IU votan a favor, mientras que los populares piden tiempo para ver la aplicación del nuevo convenio
El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco correspondiente al mes de enero transcurrió con normalidad hasta que hubo que abordar la moción presentada por el PSOE sobre la devolución de competencias en materia liquidadora de tributos de la Junta de Andalucía a la Oficina del Registro de la Propiedad de Pozoblanco. Una moción que los socialistas ya hicieron pública y que viene motivada por los cambios que se constatan en el nuevo convenio firmado entre la Junta de Andalucía y los Registradores de la Propiedad.
Ese nuevo convenio viene siendo punto de conflicto entre, fundamentalmente, políticos de PP y PSOE porque lo que unos entienden como «nuevo modelo de gestión y redistribución interna del trabajo» otros lo catalogan de «supresión de servicios». Lo cierto es que el pasado 21 de enero el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba la relación de oficinas liquidadoras apareciendo en esa lista la de Pozoblanco que se adscribe a la Oficina de Información, asistencia y comprobación de Posadas. Esto no viene a significar que la oficina pozoalbense cierre sus puertas, pero sí que algunas de sus competencias se han visto reducidas. Entre los cambios, es necesaria la cita previa, algo que antes no se daba, con un número de citas al mes establecidas para cada oficina.
Ante esta situación, IU intentó que prosperara una enmienda a la moción presentada por el PSOE para incluir en los acuerdos la petición a la Junta de Andalucía de la implantación de una Oficina de Información, Asistencia y Comprobación en la zona norte de Córdoba con sede en Pozoblanco. Buscando el consenso, se planteó mantener ese único punto y retirar la moción del PSOE para optar por la institucionalidad y el acuerdo de todos los grupos políticos, algo con lo que el equipo de gobierno (PP) no estuvo de acuerdo.
Así, el portavoz del PP, Eduardo Lucena, defendió que se trata de un «nuevo modelo de gestión» por lo que su grupo apostó por dar un margen al mismo para su implantación y abordar de nuevo esta moción después de la primera comisión de seguimiento del nuevo convenio ya que dicho acuerdo establece que al menos una vez al cuatrimestre esa comisión de seguimiento realizará una evaluación.
Un compás de espera que no aceptó la oposición y ahí los tres portavoces, Rosario Rossi (PSOE), Pedro García (C´s) y Miguel Calero (IU) estuvieron de acuerdo, la actuación tendría que arrancar ya porque la reducción de competencias es «una evidencia». En este sentido, el concejal de la formación naranja fue el más explícito alegando que «la pérdida de competencias es ya una realidad como un camión de grande, que la implantación del sistema electrónico va en perjuicio de las personas mayores es una realidad y no entiendo vuestra posición porque no tenemos que esperar tres meses para luchar por lo nuestro».
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