El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, compareció ayer en el pleno del Parlamento de Andalucía, a petición del PSOE, para informar de los cambios normativos asociados a la implantación de la autorización paterna para las actividades escolares complementarias, acuerdo suscrito por parte del ejecutivo andaluz con Vox, el llamando pin parental.

Durante su intervención, Imbroda comunicó que su departamento está trabajando en una serie de medidas que «permitirán a las familias tener más y mejor información sobre las actividades complementarias que se realizan en los centros educativos». Se trata, destacó Imbroda, «de armonizar la formación integral del alumno con la libertad de los padres, y el refuerzo de la información con una defensa absoluta del profesorado, y siempre con un estricto cumplimiento de los principios legales». Igualmente, Javier Imbroda volvió a hacer hincapié en que no va a participar en un debate estéril, ni en una disputa semántica sino que es una cuestión de mejora en la organización y en la comunicación de las actividades complementarias, “que es el compromiso que hemos alcanzado con el grupo parlamentario Vox”.

En concreto, Javier Imbroda indicó que se va a estudiar la posibilidad de que en todas las actividades complementarias cuenten con la presencia de un docente en el aula y se está analizando las posibilidades normativas para establecer un procedimiento específico que permita organizar las actividades complementarias en los centros y justificar su vinculación al currículo. Además, se esta trabajando en el impulso y la mejora de la comunicación a las familias para que puedan conocer con detalle, y con tiempo, todas las actividades con un procedimiento que sea suficientemente transparente, claro y accesible a todos.  En este sentido, el consejero ha avanzado que en abril se pondrá en funcionamiento una nueva versión de PASEN, que contribuirá, entre otras cosas, a la mejora de la comunicación de las actividades complementarias.

Esta intervención tuvo réplica en la parlamentaria socialista Beatriz Rubiño, que indicó que se trata de la implantación del «veto parental» y acusó al gobierno de la Junta de «ser cobarde», mientras que señaló como consecuencia que los «niños se conviertan en rehenes, en monedas de cambio para seguir gobernando». Rubiño lamentó finalmente «los malabres para no llamar a las cosas por su nombre: veto parental»