En diciembre de 2019 varias mancomunidades, entre ellas la de Los Pedroches, mantuvieron una reunión de trabajo para abordar de manera conjunta un problema común, la despoblación. Unos encuentros previstos para tener su continuidad pero que se vieron interrumpidos por la llegada de la pandemia del Covid-19. Ahora, las mancomunidades de Llerena, de la Serena, de Los Pedroches, del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, del Valle del Guadiato, de Sierra Morena de Sevilla y la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén han retomado la actividad partiendo de una realidad que han querido manifestar, «la situación de pérdida de población que padecen es insostenible» y que afectaría a 88 municipios de dichas comarcas.
Tras una nueva reunión de trabajo, todas las mancomunidades elaboraron un manifiesto que llega con la reivindicación de ser declaradas «zonas rurales a revitalizar» (Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del Medio Rural). Esa ley entiendo a esas zonas como aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajo nivel de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial.
Esa declaración que reclaman iría acompañada de otras reivindicaciones que pasan por modificaciones en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a su aplicación en municipios de menos de 20.000 habitantes ubicados en ámbitos rurales despoblados; legislación estatal que obligue a las entidades bancarias al mantenimiento de las oficinas bancarias en los municipios de ámbito rural; legislación que favorezca que los puestos de empleo que se generen sean cubiertos por las personas residentes en los municipios rurales despoblados con preferencia sobre personas no residentes; supresión de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local o cambio legislativo en las normas urbanísticas para que se dejen de aplicar las normas creadas para realidades urbanas de ciudades.
En el manifiesto suscrito por las mancomunidades antes mencionadas también se solicitan cambios y nuevas medidas fiscales tales como bonificaciones y exenciones fiscales para los habitantes que residan en zonas rurales despobladas o bonificaciones que favorezcan el asentamiento empresarial. También se solicitan otras acciones como la adopción de medidas urgentes que permitan un tejido por todo el territorio de conexiones a Internet rápidas; la aplicación del denominada 1,5 por ciento cultural procedente de las inversiones en obra pública para la recuperación del patrimonio cultural en los municipios de la llamada ‘España vaciada’ sin aportación municipal del 20 por ciento; o un plan de inversiones en infraestructura pública de comunicaciones por carretera y ferrocarril. Además, se solicita un plan específico de acceso a la vivienda y rehabilitación en las zonas de prioridad demográfica.
Argumentación
Estas reivindicaciones vienen de la mano de que los gestores públicos de estas mancomunidades consideran que el fenómeno de la despoblación conlleva «un nuevo modelo de Estado que potencie la España Rural con el asentamiento poblacional, la creación de nuevas oportunidades en materia de empleo y desarrollo económico y un giro de 180º en las políticas actuales desde todos los ámbitos que sólo favorecen la concentración de las actividades económicas en los mismos sitios y cuyos resultados son el hacinamiento, el encarecimiento de la vivienda, la insostenibilidad medioambiental y formas contrarias de vida a la esencia del ser humano».
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