Además, el grupo de funcionarios sigue negociando con el concejal de personal cuestiones relacionadas con la promoción interna

El pasado mes de diciembre, el gobierno central determinó que la jornada laboral de los empleados públicos de la Administración General del Estado se estableciera a partir de 2013 en 37 horas y media a la semana, consolidándose así el incremento horario de los cambios introducidos en el 2012.

Este ha sido uno de los puntos que se han estado negociando hasta la fecha entre los empleados del Ayuntamiento de Pozoblanco y el responsable de personal, César Bravo, y ante el que el finalmente se ha llegado a un acuerdo. La negociación ha concluido estableciendo que el personal cumplirá la jornada laboral acogiéndose a una de las tres opciones posibles. La primera de ellas es la de entrar a las 7:30 horas de la mañana y salir a las 15:00 horas; la segunda establecería un horario de 07:45 a 15:15 horas; mientras que en la tercera la entrada sería a las 8 de la mañana y la finalización de la jornada a las 15:30 horas. Estos horarios se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2013, tal y como se recoge en el texto del acuerdo al que hoyaldia.com ha tenido acceso.

A este respecto, y ante las protestas que realizó el colectivo de funcionarios el pasado lunes, hay que recordar que la primera propuesta hablaba de suprimir la media hora de desayuno para evitar cambios en el horario de entrada y salida, algo que según representantes del colectivo de funcionarios fue «rechazo por la empresa». Un punto que fue matizado por Bravo que explicó a hoyaldia.com que «no fue rechazando, sino que desde secretaría se emitió un informe alegando que esa cuestión no se podía llevar a cabo».

Lejos de este acuerdo, quedan aún las otras peticiones que reclamaron los funcionarios y que hablaban de equiparaciones salarias y promoción interna. A este respecto, ambas partes siguen negociando y aún no hay un acuerdo entre ambas. De momento, el delegado de personal estudia una propuesta relativa a la promoción interna presentada por los representantes de los funcionarios para su posterior debate.