Representantes sindicales y funcionarios del Ayuntamiento de Pozoblanco se han concentrado a las puertas del Consistorio para protestar por la eliminación de la reducción de jornada por maternidad a una funcionaria del propio Ayuntamiento. Los representantes sindicales han solicitado la inmediata restitución de un derecho que viene recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, además de en el propio convenio marco suscrito con el Ayuntamiento. Hay que recordar que este derecho está reconocido para el cuidado de menores hasta que los mismos cumplen 12 años.

Para entender estas protestas hay que remontarse a la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 17 de enero de 2022 cuando ese órgano por unanimidad decidió revocar la concesión de la reducción de jornada solicitada por dos funcionarios de la Policía Local, entre ellos a la funcionaria que se acoge a ese derecho para el cuidado de menores de 12 años. Las razones esgrimidas para esa decisión aluden a la falta de efectivos en la Policía Local y a la imposibilidad de atender los cuadrantes. Dicho acuerdo fue comunicado con fecha de 10 de febrero a los interesados, momento desde el que tuvieron que incorporarse en jornada completa. 

Una situación que los representantes sindicales rechazan de pleno solicitando que «se restablezca ese derecho». Del mismo modo, reconocen que «el expediente se está tramitando, parece que todo está pendiente de la firma de alcaldía, que no acaba de llegar», según apuntó una de esas representantes, Ana María López Guijo. Al parecer tampoco se han tenido explicaciones al respecto de la decisión tomada y en cuanto a los motivos López precisó que «habrá que preguntárselo a quien tomó esa decisión». 

Por su parte, la afectada, Luisa Revaliente, defendió lo que es un derecho recogido en la normativa y puntualizó que la pérdida del mismo «supone la imposibilidad de conciliar mi vida laboral y familiar». Además, la funcionaria critica que ante el recurso interpuesto frente a la Administración haya obtenido el silencio como respuesta y el tema se haya alargado ya más de dos meses. Ambas partes apostaron también porque desde la parte política se opte por otras decisiones como la oferta de empleo público en lugar de «eliminar derechos». 

Lo cierto es que esta cuestión se hizo pública el pasado mes de marzo en la sesión plenaria de ese mes. En aquel entonces, la concejala de Personal, Inmaculada Reyes, aseguró que «desde el minuto uno» estaba trabajando para solventar una situación que, de momento, se mantiene en el tiempo.