Pedro Arrojo Agudo, relator de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento visitó ayer Los Pedroches para conocer de cerca el problema que sacude desde hace siete meses al norte de la provincia de Córdoba. De la mano de la plataforma «Unidos por el agua», Arrojo dejó claro que su intención era «reunirse con todos los actores posibles» para tomar conciencia del problema y aportar posiblea acciones. 

El protocolo de este tipo de figuras determina que sus interlocutores son los gobiernos de las diferentes naciones para, en el caso, de que se estén quebrantando algunos derechos humanos exponerlo y hacer recomendaciones. El Gobierno, de existir esa carta de apelación, tendrá un tiempo de dos meses para contestar y proceda o no a hacerlo, esa carta «pasará a ser pública y un actor más», según adelantó el relator de la ONU en una atención previa a los medios. 

A pesar de «querer escuchar a la gente», Pedro Arrojo indicó que tiene «nociones» de lo que está ocurriendo y advirtió que su trabajo le ha llevado a hacer cartas de apelación ante las situaciones vividas en Doñana o Baza donde «se han quebrado derechos» relacionados con el acceso al agua. 

En este sentido, el relator defendió que las soluciones de emergencia no solventa el problema y que ante la existencia de agua el primer destino de la misma sería satisfacer la demanda de la ciudadanía. En este sentido, explicó que no es lógico que el ciudadano se vea «con un problema al que hacer frente si no es el culpable», exponiendo como ejemplo posibles subidas en las tarifas ante la necesidad de hacer frente a algunos de los procesos para la potabilización del agua.

La llegada del relator fue otra de las acciones promovidas por la plataforma que desde hace unos meses lidera el movimiento ciudadano, algo puesto de relieve también por Pedro Arrojo como mecanismo de presión ante las administraciones.