Las reacciones a la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de no autorizar las obras de conexión de La Colada no se han hecho esperar. La primera ha sido la del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que ha tildado la decisión de «barbaridad». «Es una barbaridad que el Gobierno de España, a través de la CHG, haya informado de forma desfavorable sobre la autorización», explica Fuentes en una nota. 

Además, califica de «deslealtad inaudita» que el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende la CHG, haya informado por los medios de comunicación de la resolución ya que, ha añadido, «no tenemos constancia de ese documento en la Diputación, del que nos hemos enterado por la prensa, lo que me parece una falta de respeto y un maltrato inaceptable a la provincia de Córdoba y a la institución que represento». 

En este sentido, el presidente de la Diputación ha insistido en que la obra que pretende ejecutar la Junta de Andalucía es «una infraestructura de vital importancia para garantizar el abastecimiento de agua en el norte de la provincia», por lo tanto «una vez que estudiemos el documento, que hasta el momento no ha llegado, decidiremos las medidas a adoptar para defender los intereses de Córdoba». 

Reacción de la Junta de Andalucía 

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha lamentado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) haya informado favorablemente del otorgamiento de la concesión en trámite para el aprovechamiento de aguas superficiales del embalse de La Colada con destino al abastecimiento de los municipios del norte de la provincia, en las comarca de Los Pedroches y el Guadiato, pero haya propuesto denegar las obras previstas en este embalse relativas al tramo de aspiración de la conducción; la estación de bombeo; el tramo de impulsión, y caminos de acceso; y autorizar la acometida de la línea eléctrica en media tensión.

Las obras de conexión con el embalse de La Colada han sido adjudicadas por la administración andaluza a la empresa Jícar por 9,3 millones de euros, “sin que el organismo de cuenca haya presentado ningún tipo de alegación durante el proceso de exposición pública”, según ha indicado el delegado territorial de la Consejería en la provincia de Córdoba. “Nos lo podrían haber dicho antes y nos hubiéramos ahorrado tiempo y dinero”.

Acosta ha apuntado que el interés de la Consejería no es otro que defender los intereses de los vecinos de esta zona, “que llevan años reclamando esta obra, que les garantizará el suministro de agua de calidad, especialmente en periodos de sequía severa como los que han atravesado”. Por este motivo, la administración andaluza estará en contacto con el organismo de cuenca para buscar una solución a los vecinos, “tras una decisión de la que nos hemos enterado por la prensa”.