• El incremento de la partida para las ayudas al Plan Alquila no se pudo debatir por no tener cabida legalmente en un pleno extraordinario al no ser incluido en el orden del día, algo que también ocurrió con la adhesión del Consistorio a la coronación canónica de la Virgen de Luna 

 

El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco alcanzó varios acuerdos relativos a modificaciones de crédito aunque ninguno de ellos por unanimidad, no se quedó solo el equipo de gobierno en sus planteamientos porque siempre tuvo apoyo de algún miembro de la oposición pero tampoco consiguió el respaldo total. En total, la sesión se saldó con dos modificaciones de crédito que suman en su conjunto 693.555,78 euros que irán con cargo a los remanentes de tesorería y que irán destinados a ayudas a empresarios, al campo de fútbol playa o a actividades de cultura. El debate, antes de entrar en el empleo de esas cuantías, se centró en las reiteradas modificaciones de crédito que llegan a pleno justificando ese hecho el equipo de gobierno en que eso atiende a estar ante un «presupuesto vivo», mientras que para la oposición eso es síntoma de «improvisación» y de realizar presupuestos que no se ajustan a la realidad económica. 

La primera de las modificaciones de crédito contemplaba algo más de 12.000 euros que hay que aportar al Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) para el servicio de Ayuda a Domicilio, 200.000 euros para incrementar las subvenciones del Plan Impulsa + destinada a empresarios y 150.000 euros para actividades de cultura. La primera cuestión puesta sobre la mesa por la oposición fue el retraso en las ayudas a empresarios, además de señalar la poca previsión para la concejalía de Cultura, que ya en la liquidación del año pasado mostraba números superiores a los planteados en el actual presupuesto. Argumentos que le valieron al PSOE e Izquierda Unida para votar en contra, mientras que Gerardo Arévalo, no sin críticas, apoyó la modificación de crédito junto al equipo de gobierno, que defendió su gestión económica. 

Lo mismo ocurrió, aunque con diferentes posicionamientos, en la modificación de crédito que dejará 200.000 euros para el campo de fútbol playa y algo más de 146.000 euros para el plan de asfaltado que se sumarán a la cuantía que otorga Diputación. Aquí el PSOE se sumó al equipo de gobierno, algo que también hizo Gerardo Arévalo, aunque antes los socialistas recordaron varios compromisos en materia deportiva adquiridos por los gestores municipales y que siguen en la recámara como la cubierta del Club Hípico o las mejoras para el Club de Atletismo. A este respecto, desde el equipo municipal se indicó que esos proyectos continuaban hacia adelante, al margen del nuevo proyecto. IU se mantuvo en su voto en contra y condicionó su voto a favor a que le dijeran de dónde se iban a reducir los casi 700.000 euros aprobados durante la noche con cargo a los ahorros. 

Callejero fiscal

Después de ese debate, los corporativos aprobaron por unanimidad la actualización del callejero fiscal tras la moción presentada por IU aunque con una variación. La formación planteaba que la misma pudiera entrar en vigor el 1 de enero de 2025 y el PP pidió retirar esa fecha y aplicar esa actualización en cuanto esté realizada. Finalmente, todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo y la moción fue aprobada por unanimidad. 

Quedaba otra modificación de crédito de 60.000 euros para sumar al Plan Alquila Joven pero finalmente no entró a debate ya que IU aludió al artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que determina que «serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria», algo que ocurría tanto con esta modificación de crédito como con la petición de adhesión a la coronación canónica de la Virgen de Luna. Una vez que el secretario de la corporación indicó que la formación estaba en lo cierto, los puntos no fueron debatidos y quedaron para otra sesión. 

Así, el pleno finalizó en su orden del día como empezó, cuestionando que una sesión plenaria programada y de carácter ordinaria tenga que pasar a ser extraordinaria al no convocarse en los plazos que determina la ley.