El pasado 26 de Junio se alcanzó el Acuerdo Político Inicial sobre la Reforma de la PAC que debe entrar en vigor en el año 2015, y para el que se han tenido que ponerse de acuerdo las 3 principales instituciones europeas, Comisión, Parlamento y Consejo. A pesar de que ahora la Comisión debe preparar el texto legislativo y los Reglamentos de Desarrollo y Actos Delegados, ya se han fijado las líneas que marcarán el futuro de la PAC a partir de 2015. Por este motivo, y a la espera de que el Ministerio de Agricultura se reúna con las Comunidades Autónomas a finales de julio para trazar la hora de ruta de la aplicación de dicha Reforma en España, Asaja Córdoba organizó el pasado  martes una conferencia en la que se dio la oportunidad de conocer de primera mano las novedades del acuerdo político alcanzado en Bruselas.

Entre otros muchos temas, el director de la oficina de Asaja en Bruselas, Pedro Narro, analizó las principales novedades respecto a los borradores que ya conocíamos y que preocupan a los agricultores cordobeses, entre las que destacaron la situación en la que van a quedar los Pagos Directos a los agricultores, y en especial el cambió en el año de referencia por el que un agricultor podrá entrar en el nuevos sistema, que ha pasado del 2011 inicialmente previsto al año 2013.

Uno de los logros más importantes ha sido la convergencia interna, que son los criterios por los que se reparten las ayudas entre agricultores, sectores y regiones, ya que se ha conseguido evitar la tasa plana en 2019, y poder crear regiones basadas en criterios geográficos, agronómicos y de intensidad de ayudas actuales, consiguiendo además que ningún agricultor pierda más del 30 por ciento de las ayudas al final del nuevo período dentro de una misma región, y garantizando que cualquier agricultor recibirá al menos el 60 por ciento de la media de los pagos por hectárea de la región.

Además se han logrado otras reivindicaciones, como limitar la superficie elegible a las hectáreas declaradas en el año 2011, que en concreto son 22,5 millones de hectáreas en lugar de las 38 millones inicialmente previstas, incrementar el montante destinado a los pagos acoplados, fundamentales para las ayudas a la ganadería, y en el pago verde o “greening” se ha conseguido dar un tratamiento específico a los cultivos permanente gracias entre otros al estudio de Asaja Córdoba y el CSIC sobre captura de CO2 en Cítricos que ha conseguido que la Comisión Europea se dé cuenta de los cultivos permanentes cumplen per se con la normativa para recibir el pago verde.

Además también se trataron otros temas que han sufrido ligeras modificaciones, como la definición de agricultor activo, que no tendrá en cuenta la procedencia de los ingresos, sino que se podrá exigir una minima actividad agraria y una lista negativa con empresas en principio ajenas al sector  y el tema de los techos por explotación que tendrá un carácter voluntario para los Estados Miembros, a aplicar a partir de 150.000 euros y teniendo en cuenta la generación de empleo.

Por último, Narro destacó que el proceso de reforma acaba de arrancar ya que ahora comienza el turno de los estados y comunidades autónomas para tomar decisiones que van a requerir de mucha consenso para conseguir consolidar la renta y las ayudas de los agricultores, poniéndola en marcha de forma que no haya un trasvase de fondos radical entre los diferentes sectores y los propios agricultores.