La gestión económica en el Ayuntamiento de Pozoblanco volvió a estar presente en el penúltimo pleno ordinario de este mandato que se celebró ayer martes y que finalizó con los grupos de la oposición renunciando al apartado de ruegos y preguntas reprobando la aprobación del último punto del orden del día, que se hizo con el informe desfavorable de la secretaria del Consistorio. El equipo de gobierno defendió que ese informe, relativo a un convenio con la Sociedad Deportiva de Cazadores. no es vinculante y aprobó en solitario dicho convenio mientras que la oposición pidió dejarlo aparcado hasta que los informes fueran favorables. 

Eso fue en la parte final del pleno porque la sesión comenzó hablando de la gestión económica. El equipo de gobierno elevó un nuevo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, esta vez por un importe de 883.000 euros, que se une a los aprobados en junio de 2022 -90.000 euros-; a los de octubre de 2022 -275.000 euros y 96.000 euros- y en noviembre -24.000 euros-. Todos los grupos aprobaron este expediente pero los de la oposición –PSOE, Ciudadanos e IU- reclamaron información sobre la fórmula para el pago, es decir, si se imputará al ejercicio 2023 o se disminuirá del remanente de tesorería. A este respecto, se aseguró desde el equipo de gobierno que una parte se abonará con cargo al presupuesto y otra con cargo a los remanentes. 

Esas explicaciones no sirvieron a la oposición, que criticó la gestión del equipo de gobierno (PP). Así, el portavoz de IU, Miguel Calero, indicó que «situaciones de este tipo nos llevan a un retraso para las empresas que tienen que cobrar, creía que habían aprendido pero prevalece lo electoral al control presupuestario. Los ahorros son para inversiones, no para una mala gestión de un equipo que gasta más de lo que recauda». Pedro García, portavoz de Ciudadanos, señaló que «se han gastado más de lo que tenían, de nuevo estamos debiendo facturas de hace casi seis meses», además de cuestionar a qué partidas se van a imputar los casi 900.000 euros reconocidos. Por último, la portavoz socialista, Rosario Rossi, hizo hincapié en que «se aprueban presupuestos que acaban desvirtuándose con este tipo de actuaciones y eso ocurre porque hay una falta de planificación y de previsión». La réplica llegó de la portavoz del PP, Anastasia Calero, que aseguró que «sabemos gestionar y hemos hecho los deberes» defendiendo que la mayoría de facturas corresponden a la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio y que son facturas generadas, la mayoría de ellas, en el mes de diciembre.

Luego, el debate político entró en una propuesta remitida por ASAJA sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) que fue aprobada por PP y Ciudadanos y votada en contra por PSOE e IU, mientras que con urgencia se abordó una moción para mantener el concepto de familias numerosas en el anteproyecto de Ley de Familias. Una moción que salió hacia delante únicamente con los votos a favor del equipo de gobierno ya que Ciudadanos se abstuvo porque al tratarse de una mera cuestión de términos, su portavoz entendió que «Pozoblanco tiene cosas más importantes por las que preocuparse», mientras que PSOE e IU defendieron la evolución de una Ley que intenta amoldarse a los nuevos modelos de familia. La concejala de Familias, Lola García, fue la encargada de defender esta moción apostando porque se mantenga el concepto de familias numerosas y lo que ello conlleva. 

El último punto, que se abordó también aprobando previamente la urgencia, fue el relativo al convenio con la Sociedad Deportiva de Cazadores. El alcalde, Santiago Cabello, defendió que se trata del mismo convenio aprobado en 2016, aunque los portavoces de la oposición le señalaron que en 2016 el expediente no iba acompañado de ningún informe desfavorable, como sí ocurre en esta ocasión. No obstante, y atendiendo a que dicho informe no es vinculante, el equipo de gobierno optó por no dejar el punto sobre la mesa, como solicitaron los grupos de la oposición, y aprobó en solitario este punto, que volvió a evidenciar la tensión que se vive en el salón de plenos, no solo entre equipo de gobierno y oposición, sino también entre algunos miembros del equipo de gobierno con determinados funcionarios.