El Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha dado a conocer hoy la, a su juicio, «insoportable» situación que están viviendo las auxiliares de ayuda a domicilio de la provincia, y “digo las porque la inmensa mayoría de las personas que trabajan en el sector son mujeres que han visto agravada su situación laboral a causa de pandemia que estamos viviendo”, señalóla secretaria General de dicho sindicato, Isabel Medina.

Medina aseguró que “la pandemia del Covid-19 ha venido a poner la puntilla a un sector que está muy precarizado. La precariedad en el sector no es nueva. Hace años que CCOO, que tenemos el 80 por ciento de la representación en el sector, venimos denunciando que el precio que la Junta paga por hora es absolutamente insuficiente”. En la actualidad la Junta paga 13 euros por hora, IVA incluido. Esa tarifa no se ha revisado desde el año 2007 y “lo que provoca es que las empresas adjudicatarias del servicio en los pueblos busquen su legítimo margen de beneficio a costa de las trabajadoras”.

“Como seguramente sabéis, las empresas solo cobran las horas trabajadas. Es decir, si una persona usuaria del servicio, por cualquier circunstancia, no requiere el servicio puntualmente, imaginad por ejemplo que la han tenido que ingresar por alguna causa médica y está unos días sin recibir el servicio, la empresa no lo cobra y, por extensión, no se lo abona a la trabajadora. Pensad que la mayoría de las auxiliares de ayuda a domicilio trabajan con un contrato parcial, es decir, no llegan al salario mínimo interprofesional, que os recuerdo es de 900 euros. Si de normal están cobrando 500-600 euros, si pierden usuarios o usuarias imaginad en lo que quedan sus sueldos”, remarcó la responsable sindical.

Si la situación, de normal, ya es precaria, con el Covid la precariedad del sector se ha incrementado aún más, defiende el sindicato. “Muchas familias, por miedo a que el familiar al que se presta el servicio se contagie han rehusado al servicio pero esas bajas no se están cubriendo con nuevos usuarios y usuarias en muchos casos. Eso significa que las empresas están recibiendo menos ingresos y que las trabajadoras hayan visto reducir sus sueldos en algunos casos a más de la mitad. Y muchas de estas trabajadoras dependen solo de su sueldo porque son madres que mantienen ellas solas a sus familias, así que ya podéis haceros una idea de la situación tan dramática que viven muchas de ellas”, expuso Medina.

“A esto se añade el miedo que tienen las mujeres a contagiarse y contagiar el coronavirus a las personas a las que atienden por la falta de equipos de protección adecuados”, añadió la secretaria General quien puntualizó que “la mayoría de las empresas no están proporcionando a sus trabajadoras los EPI adecuados para que puedan hacer su trabajo con la máxima seguridad. Les dan dos mascarillas lavables y dos batas, cuando deberían cambiarse de mascarilla y de bata con cada usuario y usuaria y si la persona usaría está contagiada, deberían llevar un buzo, con gafas de protección, que no están llevando”. “El problema es que las empresas, que ya están al límite, no pueden o no quieren hacerse cargo de los gastos extra que conllevan los EPI y las pruebas PCR por la pandemia y la Junta, la Diputación, que es la que reparte las partidas de la Junta, y los ayuntamientos, que son los que contratan a las empresas, se lavan las manos y al final son las trabajadoras las que pagan el pato”, denuncia. En realidad son las administraciones las que tienen que hacerse cargo de los gastos provocados por la pandemia, porque así se establece en los pliegos de contratación. Los pliegos de contratación dicen que si se da una situación sobrevenida, como es la pandemia, los gastos extra los abona la administración adjudicataria, en este caso los ayuntamientos.

Pero los ayuntamientos no están pagando y “las empresas ya están pensando en bajar el sueldo a las trabajadoras o en despedir a trabajadoras porque no pueden hacer frente a los gastos que tienen por la pandemia. Y claro, las trabajadoras están preocupadas, porque como he dicho, muchas son las únicas que llevan un sueldo a su casa, aunque sea un sueldo mísero”, recalcó Isabel Medina.

“Y lo peor es que la falta de equipos de protección adecuados está provocando una situación gravísima porque las trabajadoras se están poniendo en riesgo constantemente y son potenciales focos de infección. Mirad, si un usuario o usuaria está contagiado a la trabajadora que lo atiende deberían hacerle la PCR de inmediato, pero o se la hacen tarde o no se la hacen ni la ponen en cuarentena, así que si esa trabajadora se ha contagiado y es asintomática puede estar contagiando a otros usuarios o usuarias y estamos hablando de colectivos de alto riesgo, porque las personas que hacen uso del servicio de ayuda a domicilio son mayores o dependientes. Pero es que también puede estar contagiando a familiares o a otras compañeras y estar propagando la enfermedad solo porque la empresa no quiere hacerle una PCR”, advierte.

De hecho, en la provincia, solo hay una empresa que está realizando a sus trabajadoras serologías cada dos meses. “Las demás, nada y a CCOO nos parece que es una barbaridad y una imprudencia porque se está poniendo en riesgo a muchas personas”. Pero es que además, si la trabajadora muestra síntomas y se va al médico y le hacen la PCR y da positivo no lo consideran una baja por enfermedad profesional, aunque se haya contagiado por atender a una persona que tiene coronavirus, así que los días que estén de baja tampoco los cobran.   

Entonces, “lo que está pasando es que las trabajadoras, por miedo a perder sus trabajos, por miedo a ver reducidos aún más sus salarios, están aceptando trabajar en unas condiciones tremendas y en algunos casos yo diría que ilegales, como es la situación que hemos detectado en Cabra”, dijo. CCOO ha tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Cabra, si ingresan a un usuario en el hospital, obliga a la empresa adjudicataria del servicio a atender a esta persona en el hospital. “Nosotros ya hemos puesto el caso en manos de nuestros servicios jurídicos y vamos a poner la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo porque el servicio de ayuda a domicilio, como bien indica su nombre, está pensado para atender al usuario en su vivienda habitual, no en un centro hospitalario que ya tiene su personal para atender a las personas hospitalizadas”, explicó Medina.

Por todo ello, CCOO exige a la Junta de Andalucía que revise de inmediato el precio hora que se abona por el servicio de ayuda a domicilio de la Dependencia y que reponga las bajas de usuarios y usuarias, “porque nos consta que hay muchas personas esperando poder recibir el servicio”. Además, pide a los ayuntamientos abonen a las empresas adjudicatarias del servicio los gastos extraordinarios provocados por la pandemia para que las empresas puedan facilitar a sus trabajadoras los equipos de protección y les puedan hacer pruebas PCR o serológicas frecuentes y exige pliegos de contratación justos, con precios que permitan a las empresas obtener su lógico beneficio pero que no sea a costa de las trabajadoras y de su salud.