Hace cuarenta años que la democracia llegó a nuestros municipios. La Constitución española (diciembre, 1.978) asienta entre sus preceptos la organización territorial del Estado en municipios (art. 1377), provincias y  comunidades autónomas; con efectividad en principios de equilibrio económico, justicia y equidad entre todas las partes del territorio. Las elecciones del 3 de abril de 1979 (constitución el día 20) representan el pórtico triunfal de la llegada de la soberanía al ámbito de poder más próximo al ciudadano. Era la tercera vez –tras el régimen dictatorial– que los españoles iban a las urnas, inmediatamente después de las Cortes constituyentes (de 1.977),  Referendum sobre la Constitución (1978) y primeras elecciones generales democráticas (marzo, 1.979). La consecución de las riendas del poder, en lo más próximo, no es cuestión baladí. Sobre todo cuando durante décadas se había privado a la población de participación, considerándola como sujeto pasivo. La democracia municipal constituye un evento de primerísimo orden, que abre nuevos horizontes de participación, en forma y contenido. Nada extraña que se viviera como una fiesta de relumbrón y un alarde de democracia, con activa e intensa participación en foros y debates, candidaturas y escenarios de distinta naturaleza. El Pueblo se siente, verdaderamente, protagonista de sus pueblos y ciudades. Nada que ver con la mórbida y cansina escenografía de la actualidad, a pesar de sus fuegos de artificio. Con el proceso electoral se abría camino a un sinfín de objetivos que habrán de resolverse al socaire de los años. Más allá de las problemáticas domésticas (servicios fundamentales, equipamientos, etc.), el poder municipal no cuenta aún con los instrumentos políticos, económicos ni jurídicos necesarios para abordar los problemas locales. Más adelante habrán de llegar las leyes de bases de régimen local (1.985), haciendas locales (1.989), reglamentos de organización y funcionamiento (1.986), etc. La política municipal despliega en estos cuarenta años madurez política, corpulencia económica y administrativa con entidad propia. Ese era su reto.

Los ayuntamientos democráticos han transformado profundamente en estos años las formas políticas municipales, la economía de nuestras ciudades y el contexto sociocultural. El protagonismo de la ciudadanía ha sido, sin duda, el mayor pilar de dinamismo de las actuaciones diarias; exigiendo soluciones prontas a los problemas cotidianos, sin tutela alguna. La cercanía del ciudadano a las entidades municipales le ha convertido en protagonista de excepción, advirtiendo la imprescindible subyugación que debe tener este poder respecto a los intereses de todos. En idéntico tenor cabe hablar de los intereses económicos y sociales, que se aprecian fácilmente desde la base y son exigidos con premura. Esos son, a grosomodo, los aspectos más positivos. No obstante, en los cuarenta años de vida el ciudadano de a pie ha podido muy bien comprender el rol de los Ayuntamientos en el marco político nacional, regional y provincial. Sus glorias y miserias. En el ámbito más elevado de la discusión democrática cabría hablar de la ausencia de las perspectivas participativas amplias (democracia directa y representativa), que se pierden completamente en los debates intelectuales de alto estandigsin mayor repercusión en la praxis diaria. La población tiene muy asimiladas ya las formas y cauces del sistema imperante (partidos políticos, instrumentos, listas, etc.). En el espectro nacional fácilmente se calibra la postrera situación que representan los poderes municipales, a pesar del protagonismo que se presume. Son entidades relegadas a un último escalafón, a pesar de su proclamada autonomía, a tenor su dependencia económica (financiación), política (de entidades supralocales) y administrativa (aparato burocrático). Los corsés que vienen de arriba son muy apretados, y eso lo saben bien los Ayuntamientos. Mayores males han gravado la política municipal: corruptelas de financiación irregular, tráfico de influencias (…), urbanizaciones ilegales, etc.; politización de las entidades locales por las grandes fuerzas políticas, idearios  y cargos serviles a los gerifaltes de rango superior. En términos análogos, los Ayuntamientos constituyen simplemente, muchas veces, el semillero de puestos de ascenso para medrar hacia posicionamientos de mayor relevancia. Igualmente cabe subrayar los déficits evidentes de democracia municipal cuando se advierten, no pocas veces, los apegos a los puestos. Nos sonroja la presencia de munícipes, aún, del siglo pasado en puestos políticos. No dudamos de su legitimidad, pero sí de higiene democrática.

Los retos del futuro siguen siendo amplios e intensos para la municipalidad. Primeramente el avance por cauces democráticos, pero también la consecución de aspiraciones económicas de autonomía, financiación y consolidación de los municipios. No obstante, cabe subrayar el extraordinario papel que han desempeñado los Ayuntamientos en el marco democrático. Grandes son sus consecuciones en estos cuarenta años, pero también son inmensos sus retos en materializar un mayor protagonismo de la ciudadanía –en pro de sus intereses más próximos– con una proyección elevada de futuro.