El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco celebrado ayer martes mantuvo un tono sosegado que se perdió en el apartado de ruegos y preguntas donde las discrepancias entre los diferentes grupos políticos quedaron eclipsadas por las acusaciones vertidas por miembros del equipo de gobierno contra trabajadores del Consistorio. Especialmente beligerante se mostró el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, con el departamento de Urbanismo plasmando falta de confianza y lanzando unas acusaciones que finalizaron con el anuncio de que el proyecto de una de las obras en cartera del Ayuntamiento, la del entorno de los pisos sindicales, no será dirigida técnicamente por los servicios técnicos municipales, sino que se sacará a concurso para la participación de los arquitectos locales. 

A esta situación se llegó porque muchas de las preguntas planteadas por los portavoces de la oposición estuvieron encaminadas al área de Obras, unas cuestiones que no obtuvieron respuesta del concejal del ramo, Jesús Agudo, que no se pronunció en ningún momento durante la sesión plenaria, contestando a esas preguntas el primer edil. Fue la obra del Risquillo sobre la que giraron esas críticas ante los retrasos y los cambios realizados desde el inicio de dicha remodelación. «Nadie ha modificado de manera oficial ese proyecto, vimos que algunas actuaciones no se correspondían con el proyecto inicial y se decidió a final de año corregirlo de manera verbal para intentar mejorarlo», explicó Cabello. 

El primer edil prosiguió indicando que «nadie de este equipo de gobierno es responsable de que llegue el 31 de diciembre y no se tramiten las prórrogas. No somos responsables de que antes de finalizar la obra se haya gastado más del doble en materiales en esa obra, algo que de manera endémica y sistemática sigue pasando en este Ayuntamiento». Una acusación que tuvo su continuidad cuando indicó que «nuestra responsabilidad es no mirar hacia otro lado, hacer cambios, poner orden y lealtad donde no la hay». Además, detalló que ha facilitado por escrito a los técnicos los cambios que hay que acometer relacionados con las jardineras y el material. En este punto, Cabello mencionó obras ya finalizadas -en el anterior mandato y con la concejalía de Urbanismo en manos de su grupo político- afirmando que «todos han mirado para otro lado en vez de reclamar lo que había en contrato, quien quiera seguir defendiendo a algunos trabajadores será responsable de esa defensa hoy, mañana y los días venideros». 

Las mismas líneas siguió para explicar la anómala situación de la paralización, por decreto de alcaldía, de la mejora de los servicios del Polideportivo Municipal. Es decir, el alcalde paraliza unas obras del propio Ayuntamiento y cuya explicación fue la misma, el «caso omiso» de los técnicos municipales a las instrucciones que reciben. «Dos meses después he recibido el proyecto de los nuevos espacios, así es como tenemos que trabajar con algunos trabajadores y personas del departamento de Urbanismo», puntualizó. 

Aunque el área de Urbanismo se llevó gran parte de las críticas, lo cierto es que también se cuestionó a otros funcionarios afirmando que «si hay actas sin firmar es porque las actas no reflejan lo que se dijo, queremos que se ponga lo que se habla y como no se pone lo que se habla porque faltan algunas cosas por eso no están firmadas». Además, también se reflejó durante la sesión plenaria el caso de un trabajador que tras una baja de larga duración ha sido reubicado en un puesto de trabajo que no es el suyo y donde no realiza ninguna función, una actitud que ya viene indicando la oposición que «recuerda a tiempos pasados». 

Supuestas amenazas

Si bien es cierto que el peso del discurso lo llevó el alcalde, la concejala de Personal, Inmaculada Reyes, sí quiso puntualizar algunas cuestiones alegando que si elimina o cambia competencias es para «optimizar» los recursos y para que «esos expedientes por los que preguntan salgan adelante porque yo tampoco sé por qué algunos están paralizados». Además, Reyes denunció que tanto ella como el primer edil están recibiendo «supuestas amenazas».

Después de estas intervenciones fueron los portavoces de la oposición los que dieron la réplica. Por orden, Miguel Calero (IU) afirmó que «no ha dado nombres y apellidos, pero ha faltado al respeto y normas de convivencia mínimas, ha desprestigiado a un departamento que tiene muchas personas, algo que es poco elegante pero que también puede ser reprobable jurídicamente». Además, Calero alegó que el personal del Ayuntamiento lo es del Consistorio y «están para asesorar a todos los miembros de la Corporación». 

Por su parte, Pedro García (Ciudadanos) alegó que «me parece grave, muy grave, que hablen de no entrar en descalificaciones y ustedes hayan dirigido los focos hacia una persona a la que acaban de hacer mucho daño personal y profesionalmente. Si no está haciendo su trabajo tomen medidas, pero no lo avasallen en un pleno». Por último, Rosario Rossi (PSOE) siguió en la misma línea que sus compañeros explicando que «han tenido un tono muy beligerante con trabajadores y compañeros de Corporación que espero que rectifiquen, han sido acusaciones de manera trasversal y hacen daño a mucha gente. Están echando al pueblo contra los trabajadores, midan ese tipo de actuaciones» invitando finalmente a que si se están produciendo esos hechos las denuncien donde deben.