El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco abordó en el día de ayer el tema que lleva monopolizando la actualidad política municipal desde el pasado 11 de enero, las posibles irregularidades en la contratación de un joven y el abono de nóminas sin contraprestación laboral. La moción presentada por PSOE e IU salió hacia adelante con el apoyo del equipo de gobierno (PP) por «ser los más interesados en conocer la verdad».

La moción contempla la creación de esa comisión especial para conocer el proceso de contratación, las cuantías percibidas, la justificación y presencia en el puesto de trabajo, los trabajos realizados y cómo se llevó a cabo todo ese procedimiento. Dicha comisión no podrá extenderse más allá de los tres meses y su composición será proporcional al pleno, además tendrá que iniciarse, como máximo, dentro de un mes. Las conclusiones de la misma tendrán que ser debatidas en pleno. 

La creación de esta comisión no fue óbice para que el apartado de ruegos y preguntas estuviera dedicado exclusivamente a ese mismo tema. Los portavoces de IU y PSOE, Emmanuel Vioque y Rafael Villarreal, respectivamente, lanzaron una batería de preguntas al equipo de gobierno encaminadas a conocer el trasfondo de dicha contratación. Nadie se movió de sus posturas, que ya quedaron claras en las ruedas de prensa previas, pero sí hubo novedades al abordar este tema. La primera, el respaldo de los concejales del PP al alcalde, Santiago Cabello. Seis de los concejales tomaron la palabra para apoyar al primer edil tras una pregunta del portavoz socialista. 

Pero la gran novedad llegó con la intervención del concejal de Personal, Gerardo Arévalo, la persona que desde su departamento advirtió de las posibles irregularidades y que se encontró con el reproche del alcalde por «no seguir el procedimiento» correcto. En su intervención, Gerardo Arévalo, que hasta la fecha no había dado su versión, aseguró después de dar las gracias al primer edil por darle la palabra «por fin» que todo lo había hecho para aclarar la situación. 

Después dijo: «Todos tenemos familia, yo también, los funcionarios que trabajan en el departamento de laboral también  y los antiguos concejales también, todos tenemos familia. Llegué a política, he de decirlo porque se me ha atacado, con una intención pura de servir con humildad y honradez. Miren señores, yo soy el único licenciado en Derecho del equipo de gobierno. Lo único que he hecho es intentar, por su propio bien señor alcalde, aconsejarle para hacer lo mejor para esta casa y este pueblo. Por encima de las lealtades, o sectarismos, por encima de todo está el respeto a la ley. Sin ley nos convertimos en animales». Luego volvió a repetir que es el único licenciado en Derecho del equipo de gobierno y argumentó que «si se me hubiese hecho caso, esto se habría acabado, no hubiese habido noticias». Además, pidió avanzar en la investigación para «acallar los rumores que hacen daño a mi familia». Pero, sin duda, la parte más contundente de su intervención fue cuando aseguró que «al final será un juez de lo penal el que tendrá que venir a poner orden aquí». 

Hechos probados

La prensa también estuvo en el punto de mira durante toda la sesión plenaria ya que el caso no se conoció hasta que dos medios de comunicación de la capital lo destaparon. Reproches de información sesgada y sin contrastar para todos los medios que han abordado este tema, pero que chocaron frontalmente con los hechos probados y denunciados por esos mismos medios: hubo dos contrataciones para un mismo puesto, los contratos estaban sin firmar y se abonaron nóminas sin que una de las personas acudiera a su puesto de trabajo. Todo ello lo ratificó el alcalde en su relato de los hechos, aunque dejó para la comisión de investigación la respuesta a tres preguntas: por qué no se firman los contratos; por qué se abonaron nóminas sin una contraprestación laboral;  y por qué cuando se tuvo conocimiento del error no se corrigió.