El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido «la urgencia de que haya una intervención decidida por parte de todas las administraciones y de los poderes públicos» para evitar que la situación de falta de agua potable en las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, en el norte de la provincia de Córdoba, «pueda reproducirse en el futuro».

En declaraciones a los periodistas en Belmez, donde se ha reunido con el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, representantes de varios ayuntamientos del norte y con la Plataforma del Agua, el ministro ha mostrado su apoyo a los vecinos después de «escuchar de primera mano la experiencia que se ha vivido durante el último año con más de 80.000 personas sin acceso a agua potable», de ahí que haya respaldado contribuir en la medida de las posibilidades a «visibilizar esta problemática». En la reunión con la plataforma se ha mostrado proclive a la constitución de la mesa del agua. 

Así, ha considerado que lo vivido en el Norte de la provincia «no es una excepción, ni un caso aislado, sino una expresión de una amenaza, que es estructural y global, que tiene que ver con la crisis climática y con el impacto que tiene sobre nuestras sociedades y sobre la adaptación que requiere de nuestros modelos económicos y sociales». 

Bustinduy ha explicado que «los problemas ambientales están vinculados esencialmente con problemas económicos y sociales», de modo que ha apuntado que «la labor y la tarea por delante es ser capaces de intervenir antes de que se expresen estos fenómenos bajo forma de crisis y que se pueda reformular un modelo de contrato social y bienestar que garantice que nuestras sociedades se adapten a estos nuevos escenarios».

Así, ha abogado por «no imponer una ley de la jungla, ni de sálvese quien pueda o quien tenga», sino que «los poderes públicos garanticen que derechos tan básicos, como el derecho al agua, limpia, potable, y al saneamiento, sean universales, que los derechos sociales sean lo que defina a la ciudadanía».

 

Por tanto, espera que «en los próximos meses se pueda velar por que se terminen las obras que están en curso, que los problemas de infraestructura de esta región vean un horizonte de solución, podamos estar en mejores condiciones la próxima vez y que las condiciones meteorológicas o de sequía no vuelvan a afectar».

De este modo, ha dicho que se va «con un panorama bastante amplio de las problemáticas de la zona y de las necesarias inversiones para que la región cuente con una infraestructura que permita incentivar un proceso de reindustrialización y reorientación de la actividad económica, dado que es una comarca que cuenta con todos los factores estructurales para tener un futuro de desarrollo sostenible y justo«, ha destacado.

La dependencia

Preguntado por la situación de la población envejecida en la zona y la Ley de Dependencia, el ministro ha defendido que en esta legislatura quieren «mantener el impulso heredado de la anterior para mejorar la financiación del sistema de Dependencia», a lo que ha agregado que «en el conjunto del Estado, desde el año 2020 al año 2023, el Gobierno aumentó un 150% la financiación y en Andalucía aún más, un 167%».

Según ha expuesto, «esto se ha traducido en cosas muy concretas, como reducciones de la lista de espera y en mejora de los servicios, porque veníamos de una situación heredada de una década de recortes, debido a las políticas de austeridad que habían golpeado muy duramente el sistema de la Dependencia».

En palabras de Bustinduy, «hace falta más financiación y nos comprometemos a seguir haciéndolo, pero hay que cambiar el modelo también, ya que invertir más en Dependencia no es sólo construir más residencias o más grandes, sino que es cambiar el modelo y permitir que las personas puedan permanecer en sus domicilios siempre que lo deseen, que puedan mantener vidas independientes».

En este caso, ha considerado que «hay que hacer un cambio de modelo de cuidadosy esto requiere de la colaboración de todos los poderes públicos», algo que va a abordar este viernes con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.

También ha abundado en que tiene que ser «un empeño colectivo, porque cada vez vivimos más años, con buena calidad de vida, pero también cada vez necesitamos más cuidados durante más tiempo«, por lo que considera que «es una cuestión de país». «Hay que considerar modelos de envejecimiento que aporten más bienestar y garanticen más derechos», ha anotado.