• Tras las declaraciones de la semana pasada de la delegada de fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba, María de los Santos Córdoba

 

El Partido Andalucista de Pozoblanco ha emitido una nota de prensa en la que exige el cumplimiento plenario alcanzado el pasado 25 de febrero en relación al Plan 54 de viviendas de Los Llanos y en el que se estableció que «si en el plazo de un mes la Junta de Andalucía no ofrecía una solución satisfactoria a las demandas que se plantean tanto desde la asociación de vecinos de Los Llanos como desde el Ayuntamiento de Pozoblanco se iniciara por parte de los servicios jurídicos municipales la petición para la reversión de la gestión del plan 54 viviendas de los Llanos al Ayuntamiento de Pozoblanco».

De ese acuerdo plenario no se tienen más noticias, tal y como reconoció el alcalde de la localidad, Pablo Carrillo, en la sesión de marzo. La petición del PA se produce tras este hecho y de las declaraciones que la semana pasada realizó la delegada de fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba, María de los Santos Córdoba, y donde reivindicaba que se trataba de «un plan de acción porque venimos defendiendo la función social de la vivienda y sería incoherente que la Junta tenga viviendas vacías cuando hay gente sin vivienda«.

Estos movimientos han llevado a los andalucistas a exigir, según reza la nota de prensa, a Pablo Carrillo y «su socio y primer teniente de alcalde», Benito García de Torres, a ejecutar el acuerdo plenario aprobado y que «cojan el toro por los cuernos e inicien los procedimientos necesarios para pedir a la Junta que ceda a titularidad municipal dicho plan de viviendas por incumplimiento del acuerdo firmado en su día con el Ayuntamiento de Pozoblanco».

Del mismo modo, afirman que «si no es así, Pablo Carrillo y Benito García tendrá que explicarle a los afectados y vecinos del barrio de Los Llanos el porqué de su pasividad con este tema que tan injustamente está tratando a unos vecinos y a un barrio, que han visto como han pasado de una promoción de viviendas para jóvenes con el fin de revitalizar la barriada a una promoción de viviendas sociales donde los requisitos exigidos para ocuparlas no tienen nada que ver con las inicialmente pactadas y están causando grandes agravios comparativos y graves problemas de convivencia entre los vecinos».