El penúltimo pleno de carácter ordinario del Ayuntamiento de Pozoblanco se saldó con la recuperación de todos sus concejales después de algunas sesiones sin ver todos los asientos ocupados. Miguel Ruiz (PP) volvió a un salón de plenos que no le es desconocido tras sustituir a Marisa Guijo y Araceli Araujo hizo lo propio en lugar de Enrique Garzón por parte socialista. Fue la parte más amable de una sesión que, sin grandes puntos en su haber, evidenció cierta crispación. 

La gestión económica del equipo de gobierno ocupó la primera parte de la sesión con el reconocimiento y liquidación de obligación contraída con la empresa que presta el servicio de Ayuda a Domicilio, Clece. Se trata de asumir las facturas que la empresa ha ido presentando una vez que finalizó la última prórroga forzosa en el mes de junio. La liquidación pertinente asciende a 408.105,89 euros y como siempre tuvo dos lecturas, para el equipo de gobierno fue un punto para sentirse satisfecho por pagar facturas y para la oposición «una muestra más» de las cosas tardías que realizan los gestores del Ayuntamiento. Además, se hizo un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar facturas correspondientes a 2021 por importe de algo más de 24.000 euros. 

Si ya se vaticinó cierto malestar en ese punto, fue en los dos siguientes cuando se constató. Tocó aprobar las cuentas generales de los años 2020 y 2021 y ahí el equipo de gobierno no encontró el respaldo de una oposición que vino a decir aquello de «lo advertimos». Hicieron mención los portavoces de la oposición Rosario Rossi (PSOE), Pedro García (Ciudadanos) y Miguel Calero (IU) a unos presupuestos, los de ambos años, «con unos ingresos inflados» y una memoria de inversiones que «ha quedado sin ejecutarse». Además, criticaron el hecho de que sin acometerse esas inversiones los remanentes de tesorería no hayan experimentando el consiguiente aumento. En este punto, hubo alusión a tres proyectos claves: mercado de abastos, residencia y polígono industrial. 

La primera en contestar a la oposición fue la portavoz del PP, Anastasia Calero, que argumentó que lo vaticinado por la oposición el día de la aprobación de los presupuestos quedó en nada por la irrupción de la pandemia. Además, defendió que proyectos como el del mercado de abastos tenga que ser reformulado, algo en lo que incidió coinciden todos los grupos políticos, por la subida de precios de los materiales y también alegó respecto a la residencia la incidencia de la pandemia en este tipo de infraestructuras, unas palabras que la oposición pidió corregir por posibles malentendidos. Posteriormente, el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, recalcó todas las ayudas otorgadas para paliar la situación de familias, colectivos y empresas tras la pandemia. Así las cosas, las cuentas generales de ambos ejercicios económicos se aprobaron con el beneplácito del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición. 

Obras en la Casa Cuartel y moción para un Plan Nacional contra el suicidio

En lo que sí hubo unanimidad fue en la aprobación del convenio de encomienda de gestión con el Ministerio de Interior para la reforma y rehabilitación de la Casa Cuartel, una reforma que se hará con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario. Por último, se elevó a institucional, después de un receso de cinco minutos entre la secretaria y los portavoces, una moción para solicitar un Plan Nacional contra el suicidio. Una moción apoyada por la Asociación Alhelí y que adquirió el carácter de institucional cuando se eliminaron las cuestiones partidistas, tal y como se había acordado instantes antes del pleno, según argumentaron los portavoces de PSOE e IU.