La comunidad educativa estaba llamada hoy a la huelga. Padres, madres, profesores y alumnos han aunado fuerzas en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también denominada “Ley Wert”, además de volver a manifestarse en contra de los recortes que está sufriendo el sector educativo. En Pozoblanco, la jornada ha transcurrido con total normalidad sin más manifestación que la que ha tenido lugar a las puertas del IES Antonio María Calero.

La jornada de huelga ha sido seguida por la inmensa mayoría del alumnado de los tres centros de educación secundaria de la localidad, aunque no ha sido así con el colectivo del profesorado cuyo seguimiento podría haber alcanzado el veinte por ciento. Una cifra valorada positivamente ante “la zona conservadora en la que estamos a la hora de manifestarnos en general y en particular en la educación”.

A las ocho y media de la mañana nos trasladábamos hasta las puertas del IES Antonio María Calero para acudir a las protestas del profesorado que se daba cita allí. Para explicar los motivos que le han llevado a secundar la huelga han leído un manifiesto donde se argumentan los mismos y que a continuación reproducimos.

 

“La plataforma en defensa de la enseñanza pública de Córdoba hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para que se adhiera a la convocatoria de huelga general en toda la enseñanza el 9 de mayo de 2013 y participe en las manifestaciones que se celebren ese día. Nuestros objetivos son: 

-Retirada de la LOMCE y expresar una vez más a los recortes y las agresiones que sufre la escuela pública .

¿Por qué pedimos la retirada de la LOMCE?

Es una ley que, incumpliendo el precepto constitucional, se ha diseñado sin contar con la comunidad educativa. En este sentido el Consejo de Estado en el dictamen emitido sobre el texto del anteproyecto de ley considera como un defecto grave el no haber intentado un gran acuerdo educativo tanto a nivel político como social.

Es una ley que no garantiza los recursos materiales y humanos necesarios para lograr una enseñanza de calidad, no cuenta con una memoria económica suficiente para su implantación y puesta en marcha. Es una ley que consolida los recortes en educación degradando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Es una ley que lejos de considerar la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una red escolar de centros públicos de calidad la considera como un bien individual atentando contra el principio de equidad. Estructura la educación primaria en cursos rompiendo con el esquema de ciclos e instaura una educación secundaria segregadora rompiendo el principio de escolaridad básica común y obligatoria, abandonando también la atención a la diversidad.

La profusión de pruebas externas en educación primaria y de reválidas en educación secundaria y bachillerato supone un menosprecio hacia el trabajo del profesorado y concibe la evaluación como una carrera de obstáculos. Implanta una competencia desigual entre centros y zonas geográficas con diferente nivel social y de renta. Elimina la educación en valores, retrocede en la igualdad de género y en la enseñanza mixta y se elimina la educación para la ciudadanía y los derechos humanos mientras se mantiene la religión católica como oferta obligatoria en todos los cursos en detrimento de otras materias que pasan a engrosar las filas de la optatividad.

Por el contrario, se introduce a trabajar de forma transversal con una fuerte carga mercantilista el emprendimiento empresarial. Pervierte la autonomía de los centros y reduce las competencias de los órganos colegiados que pierden sus funciones de gobierno. La participación democrática de las familias, alumnado, profesorado y personal no docente se reduce a niveles meramente testimoniales. Concede un poder muy grande a los directores para la aprobación del proyecto de centro y decidir en la selección de los profesionales del centro atentando contra los principios de capacidad, mérito e igualdad que caracterizan el empleo público.

Empeora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza al ampliar su movilidad funcional y geográfica abriendo la puerta a desplazamientos forzosos que se suman a la decena de miles de puestos docentes perdidos, 4502 en Andalucía en este último año.

La nueva configuración de asignaturas y la compactación del bachillerato se traduce en un recorte significativo del número de docentes. Parte de una concepción centralista del estado y sus competencias que propicia un enfrentamiento innecesario entre comunidades autónomas. Consagra, en definitiva, las agresiones a la escuela pública que estamos sufriendo en forma de recortes y pérdida de derechos y les da carta de naturaleza”.