El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha recordado que “las sustracciones en el campo descendieron durante el año 2016 un 13,6 por ciento respecto al ejercicio anterior”. Primo Jurado mantiene que “a día de hoy los robos en el campo cordobés se están erradicando en gran medida” y denuncia la actitud de la Junta de Andalucía “que solo busca alarmar a los agricultores y ganaderos buscando polémica donde no la hay”.

Según los datos del Ministerio del Interior, en la provincia de Córdoba se registraron un total de 686 sustracciones en el medio rural y agrícola a lo largo del pasado año, 108 menos que en 2015, “lo que apenas supone  un 12 por ciento del total de infracciones penales registradas en Córdoba” insiste Primo Jurado. Por otro lado, la campaña de la aceituna arrojó una producción cercana a los 1.500 toneladas de aceituna de las que se sustrajeron un 0,6 por ciento y se pudo recuperar el 50 por ciento. Unos datos que ha ofrecido con motivo de la reunión que mantuvo ayer el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, con organizaciones agrarias y donde se pidió un plan especial contra los robos en el campo.

Primo Jurado insiste en que “con estos datos es innegable afirmar que el campo cordobés es seguro”, a lo que añade que “la mejora de la seguridad agrícola no consiste en que la Junta de Andalucía pida incremento de efectivos de la Guardia Civil buscando titulares en prensa, sino en que ponga en marcha de una vez un plan normativo para el transporte y la receptación de la aceituna como llevamos pidiéndole mucho tiempo”. Este plan ya existe en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha y Extremadura.

El subdelegado del Gobierno ha insistido en que “el Gobierno de España se preocupa de una manera excepcional por la seguridad de nuestros agricultores” y añade que “prueba de ello, ha sido la creación de los Equipos Roca de la Guardia Civil, la puesta en marcha de efectivos aéreos que velan por la seguridad de las explotaciones y otras medidas encaminadas a agilizar el sistema de denuncias de las organizaciones agrarias”.

En esta línea además se han impulsado convenios con los ayuntamientos para que la Policía Local colabore en la detección de venta de material robado y la creación de una comisión de trabajo mensual compuesta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones agrarias con el objetivo de analizar los resultados de estas medidas adoptadas.

Por último, el Gobierno se hizo eco de una vieja demanda de las organizaciones agrarias modificando el Código Penal para que los robos en el campo pudieran tener consideración de delitos, aunque su cuantía no supere los 400 euros.