“En todos los ayuntamientos, no solo de Los Pedroches, sino de toda España, hay trabajadores en fraude de ley”. “Todos tenemos en nuestros ayuntamientos a trabajadores en situación irregular porque no se aplica la normativa laboral”. Estas dos aseveraciones se hicieron en el seno de la Junta de Mancomunidad el pasado martes y salieron de la boca de dos alcaldes, Francisco Javier Arenas y Manuel Torres, respectivamente. Las declaraciones se contextualizan en la ratificación del acuerdo alcanzando con dos trabajadores para evitar ir con ellos a juicio –aunque uno de ellos podría echar para atrás y no firmar dicho acuerdo- ante los despidos que se produjeron hace unos meses.

Las declaraciones realizadas en este entorno no son baladíes y aunque, explicadas pueden resultar menos impactantes, la verdad es que cuando las escuché tan solo me produjo una sensación, la del estupor. El próximo domingo, los ciudadanos estamos llamados a una nueva cita electoral y todo apunta a que la abstención rozará cifras históricas ante el descontento y la desconfianza hacia la clase política, una actitud que no nace de la nada sino de lo que llevamos vivido en los últimos años. La desconfianza, pues, ante la administración pública tampoco viene inventada y es complicado confiar cuando sus máximos responsables hacen declaraciones de este tipo.

Entre ese fraude de ley que se escuchó, el alcalde de Santa Eufemia expuso para quien lo quiso escuchar que lo necesario era llevar a cabo una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El caso que más conozco es el del Ayuntamiento de Pozoblanco, en el que he visto a políticos de todos los signos políticos defender lo necesario de elaborar esa relación, donde he visto a políticos de diferente ideología sentarse en los sillones de mando, y donde he visto a políticos que en política de personal apenas se han distinguido los unos de los otros.

Hace cuestión de unos meses y preguntado por la oposición a propósito de un proceso de selección y posterior contratación, el concejal de personal del Consistorio pozoalbense, César Bravo, exponía que él quería a los mejores. Pero, ¿los mejores para quién? No llego a comprender cómo con los niveles de paro que hay en la comarca, las administraciones públicas no utilizan las herramientas que tienen para paliar esta situación en las medidas de sus posibilidades. No llego a entender las razones que llevan a un Ayuntamiento a retrasar la convocatoria a oposiciones año tras año. No comparto que se cierren las puertas a quienes pueden encontrar un futuro. Tampoco consigo entender como no se aplican las políticas de personal que hay en otras administraciones, por ejemplo la Diputación, y esos concursos van unidos a la creación de unas bolsas de trabajo que permitan abrir el abanico de oportunidades a profesionales de diferentes campos. Incluso establecer la apertura de bolsas de trabajo y ampliarlas a profesionales tales como arquitectos, ingenieros, licenciados en medio ambiente, y no reducirlos tan solo a un único campo. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pozoblanco el retraso de la redacción de pliego de condiciones de importantes obras se achaca a la cantidad de trabajo, pues ¿no se podría contratar temporalmente a profesionales que puedan desarrollar esa función? ¿Sabe alguien que la televisión municipal lleva meses sin un redactor? Si se hubiera sacado una bolsa de trabajo muchos periodistas de la localidad y de la comarca verían una posibilidad de futuro.

Francisco Javier Arenas matizó sus palabras alegando que “contratamos a personas para un determinado puesto y luego seguimos haciéndolo porque se sigue necesitando”. Así, porque sí. Que alguien me explique, por favor, porque dos personas en las mismas circunstancias pueden ver alterado su futuro profesional de manera unilateral porque alguien dice que “seguimos necesitando sus servicios”. ¿Dónde están las selecciones de personal transparentes, la igualdad de oportunidades, la legalidad? Que alguien me explique cuales son los criterios por los que al cumplirse un contrato una persona se va a la calle y otra se queda. Seamos serios.

Me quedan muchas cuestiones en el tintero, cuestiones que me hacen plantearme por qué para ayuntamientos como el de Pozoblanco no se sacan la plaza de secretario e interventor con 17.000 habitantes y 17 millones de presupuesto; me queda en el tintero que alguien me conteste el por qué entre dos personas con la misma formación puede ganar, en algunos casos, el que más hijos tiene, no alcanzo a entender que se hagan baremos atendiendo a cuestiones y decisiones tan personales; me queda que algún alcalde o concejal de personal me cuente, de verdad, si en materia de personal mandan más ellos o algunos funcionarios. Y me resta que toda la gente que elige tan arbitrariamente entre una y otra persona y sigue teniendo a trabajadores en “fraude de ley” se haga ochocientos kilómetros en un día para hacer un examen en una ciudad que no es la tuya y se juegue su futuro a una carta. Me hace falta que empiecen a aplicarse criterios de justicia, equidad, transparencia y responsabilidad en materia de contratación.