• La querella también afecta a la ex concejala de Personal, Inmaculada Reyes

 

La vida política en Pozoblanco se sigue dirimiendo también en los juzgados. Izquierda Unida ha informado en la tarde de hoy lunes sobre la querella presentada contra el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la ex concejala de Personal, Inmaculada Reyes, por supuestas irregularidades en procesos de contratación referentes al periodo comprendido entre los años 2020 y 2024. La rueda de prensa ha sido ofrecida por el coordinador provincial de la formación, Sebastián Pérez; el coordinador comarcal, Miguel Calero; la concejala del grupo municipal, Natalia León; y la abogada Amanda Meyer. Antes de entrar a explicar el contenido de la querella, Calero ha precisado que «no es un día alegre, todo lo contrario, porque en los 45 años de democracia local es la primera querella que se presenta contra un alcalde». 

Respecto a la querella, que se presentó el pasado jueves en los juzgados de Pozoblanco, Amanda Meyer ha detallado que se circunscribe a dos delitos continuados de prevaricación administrativa y a la malversación de fondos públicos. La querella, que aporta 45 documentos recogidos del propio Ayuntamiento, recoge actuaciones desde 2020 a 2024 donde «se acredita que se ha establecido un sistema de contratación irregular al margen de la ley, fuera de la normativa», ha precisado la abogada que tildó esas maniobras de «contrataciones a dedo». Amanda Meyer ha ahondado en que este paso judicial se fundamenta en tres hechos que «son continuados en el tiempo»: contrataciones temporales «sin tener en cuenta las advertencias de la secretaría general o de la intervención del propio Ayuntamiento que se producen de manera sistemática»; contrataciones temporales «al margen del reglamento de bolsa» e «incluso cometiendo irregularidades en la duración de esos contratos»; y el joven que cobró sin trabajar y donde IU entiende que «podemos estar ante un caso de malversación». 

La abogada ha explicado que en la querella se adjuntan los documentos «que acreditan que se desoyeron las exhortaciones al cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios», así como «establece las diferentes maneras en las que el alcalde mandató realizar contrataciones al margen del reglamento de bolsa». A este respecto, Meyer ha asegurado que también se acredita el «incumplimiento» de los tiempos máximos de contratación que establece la ley. Por otro lado, la letrada ha apuntado que los informes de la anterior secretaria advirtiendo de estas circunstancias son «casi mensuales» y ha señalado que el primero en dar la alerta fue «un interventor comisionado que llegó de Diputación». Meyer ha recalcado que «la querella tiene la vocación de que se investiguen estos hechos, IU se presenta como acusación particular y esperamos que se admita a trámite y se acuerden todas las diligencias y la toma de declaraciones de personas que hemos propuesto». La abogada ha separado este proceso de la decisión tomada por la Fiscalía a raíz de la denuncia del PSOE ya que «son procesos diferentes». Por último, respecto al caso del joven que cobró sin trabajar ha puesto en valor que «es un dato más que acredita el sistema de contratación al margen del procedimiento». 

Extensión en el tiempo

El amplio periodo que abarca esta querella, cuatro años, ha provocado que Miguel Calero sea cuestionado sobre los tiempos de la misma. A este respecto, el que fuera concejal de IU durante el mandato anterior ha recalcado que «los entramados son muy difíciles de descifrar». «Cuando se hacen contratos de corta duración donde se nos dice fecha de inicio y fecha de fin, contratos de seis meses, te los crees. Después, cuando uno examina con tiempo te das cuentas de que no es así», ha declarado. En su intervención también ha señalado la supuesta creación de una bolsa de peones diversos «de la que no tenemos constancia hasta la fecha de ninguna publicación». Además, Calero ha señalado que todo el «entramado» afecta a un total de 1.700 contratos. Tanto Calero como la actual concejala Natalia León han asegurado que la querella se interpone porque «no podemos ser cómplices ni perpetuar esta situación». Ambos han señalado también lo que implican estas contrataciones para el proceso de estabilización que se está realizando ahora y que, fundamentalmente, se ajusta al tiempo trabajado con el consiguiente «beneficio» para las personas que han sido objetos de esos contratos. 

Por último, Sebastián Pérez ha aludido al PP provincial y andaluz para que «no mire hacia otro lado». «Ellos han sido protectores de toda esta maquinaria, no pueden ponerse de perfil», ha indicado para finalizar su intervención alabando el trabajo «delicado, riguroso y de mucho tiempo» de IU para armar esta querella.