El Ayuntamiento de Pozoblanco ha dado por concluida la comisión de investigación constituida, a petición de la oposición, para dilucidar las razones que llevaron a que un joven -hijo de la secretaria personal del alcalde- cobrara sin trabajar. Lo ha hecho esta mañana a un día de que se caducase la segunda prórroga concedida a esta comisión y sin que se celebrase ninguna reunión entre los integrantes desde el pasado mes de mayo. El dictamen ha sido aprobado por el equipo de gobierno (PP) ya que nadie de la oposición ha ido al pleno extraordinario por «motivos profesionales» y deja fuera de toda responsabilidad al primer edil, Santiago Cabello, y a cualquier concejal señalado únicamente a dos funcionarios a los que propone incoar un expediente de investigación. 

Con esta resolución, el alcalde pozoalbense ha dado «por cerrado» un caso que sigue en la vía judicial, a través de la querella presentada por Izquierda Unida, y ha puesto el ventilador repartiendo responsabilidades a trabajadores, concejales de la oposición e incluso a los medios de comunicación a los que la portavoz popular, Anastasia Calero, ha reconocido su «libertad de información» pero dando voz a todas las partes. En este punto cabe recordar las reiteradas peticiones de información que este periódico solicita al actual equipo de gobierno obteniendo, en la mayoría de ocasiones, el silencio por respuesta. 

Volviendo al dictamen, que no se ha consensuado entre las partes participantes, llegó a los miembros de la oposición en la tarde del pasado 27 de diciembre y en el mismo se hace un correlato de los hechos que finaliza con la propuesta de expedientar a dos funcionarios del Consistorio. Un correlato que ha sido defendido por Santiago Cabello y Anastasia Calero que han defendido «el derecho» que el joven que cobró sin trabajar tenía de ser contratado y el daño que se le ha realizado, al igual que a su familia. Ambos políticos han señalado el «daño personal» que se habría intentado hacer al equipo de gobierno a través de este caso. 

Un caso que Cabello ha vuelto a incidir en que fue él el que intentó solventar desde un principio e incluso desde «antes de que el caso saliera a los medios». El ex concejal de Personal, Gerardo Arévalo, también ha estado en el punto de las críticas ya que Cabello ha reiterado que fue el abogado del joven al que asesoró por lo que «sabía lo que ocurría». Además, ambos políticos, Cabello y Calero, han tomado como referencia el decreto emitido por la fiscalía donde no se apreciaban indicios penales para encausar a nadie, pero sí se reconocía la contratación irregular. 

Sin consenso

Saber qué dice el dictamen era una parte importante del pleno, la otra ha estado centrada en la ausencia de miembros de la oposición que no han asistido por «motivos laborales». En un principio, el pleno iba a llevar únicamente como punto del día la resolución de unas alegaciones presentadas al presupuesto con el periodo para ese trámite finalizando el día 26 de diciembre. El día 11 de ese mismo mes se presentaron las que han sido tildadas de «alegaciones políticas» y con el informe pertinente sobre las mismas firmado dos días después. Cabello ha defendido que era necesario aprobarlo hoy o mañana para que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero.