El Ayuntamiento de Pozoblanco celebró ayer la que puede ser una de las últimas sesiones de la comisión de investigación que intenta dilucidar lo ocurrido con el pago de nóminas a una persona que no trabajó para el Consistorio y que resultó ser hijo de la secretaria personal del primer edil, Santiago Cabello. Tocaban las comparecencias de las personas solicitadas por los diferentes grupos políticos después de que en la primera convocatoria -la semana pasada- no se produjeran estas comparecencias al ser convocadas con tan sólo 24 horas con antelación. 

Una semana después el resultado no fue muy diferente ya que de las tres personas que restaban por acudir únicamente prestó declaración una trabajadora del Consistorio relacionada con el departamento donde ocurrió la incidencia. Otro de los empleados a los que se citó no acudió por encontrarse de baja laboral y Gerardo Arévalo sí fue a la comisión pero no prestó declaración, según las fuentes consultadas por este periódico. 

Arévalo leyó un escrito donde pedía que la comisión fuera pública y se recogieran actas -hasta la fecha no se habría presentado ninguna- y comparecer después de que lo hagan otras personas como el alcalde, varios concejales -Anastasia Calero y María Fernández-, además del propio integrador social y de la secretaria personal del alcalde entendiendo que «los posibles implicados» deben declarar antes que los testigos. El ex concejal de Personal solicitó otras cuestiones para «tener plenas garantías» y cerró su intervención en la comisión sin contestar a ninguna pregunta. 

Así las cosas, y a tenor de que no se esperan más comparecencias, la comisión habría llegado a su fin en este apartado y ahora habría que esperar el dictamen de la misma. Otro punto espinoso porque los tres grupos con participación -PP, PSOE e IU- deberán ponerse de acuerdo para emitir un único dictamen.