No es un secreto que la demanda de ayuda a los colectivos de lo social se ha incrementado desde que estalló la crisis sanitaria, y por extensión económica, del Covid-19, con estas asociaciones trabajando por cubrir las necesidades básicas de quienes menos recursos tienen. Ayuda que se extrapola también a particulares que buscan alternativas, sin embargo, las situaciones a las que hacen frente van en algunas ocasiones más allá y hablan de ayudar a familias que se ven en la calle ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos derivados del alquiler.

Los desahucios no son algo ajeno a nuestra realidad más cercana y a esa situación se enfrentan varias familias en Pozoblanco. Una de ellas, que prefiere mantenerse en el anonimato, se ve abocada a esta situación después de meses sin poder hacer frente al pago del alquiler y un juicio rápido con una resolución inapelable, el desalojo de la vivienda entregando las llaves de manera voluntaria o provocando el desahucio por parte de las autoridades. Ante una situación que parece inapelable se buscan alternativas y finalmente se consigue el aplazamiento de esa resolución, pero el problema sigue vigente.

Antes de esa resolución las llamadas han sido muchas, tanto por parte de los afectados como de la red de particulares que han intentado revertir la situación, o al menos, buscar alternativas. Pero las soluciones o no llegan o lo hacen demasiado tarde. En la maraña de llamadas, de búsqueda de ayuda, de recursos, se vislumbras otros déficits de ese sistema ya que las instituciones parecen no tener capacidad para evitar situaciones tan extremas como la que viven algunas familias. Y eso a pesar de que todo apunta a que Pozoblanco mantiene viviendas sociales vacías que se ubican en el conocido Plan 54 y que se podrían destinar a este fin. El otro déficit es la falta de toma de conciencia de que hay familias que no pueden acceder a un alquiler de manera privada por los requisitos que se solicitan, familias a las que una vivienda de carácter social les es vital.

Una promoción de viviendas cuya titularidad tiene la Junta de Andalucía, pero que según fuentes consultadas por este periódico, se puede poner a disposición del Ayuntamiento en cuestión si así lo solicita para atender demandas de esta índole. Mientras las instituciones dan ese paso al frente, cuestiones tan sensibles como que una familia, con menores a su cargo, se vea en la calle siguen resolviéndose a través de particulares, de forma privada, sin que el sistema sea capaz de dar alternativas aun teniendo posibilidades y responsabilidades.