La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), y los municipios de menos de 20.000 habitantes -67 ayuntamientos y dos ELAs- han renovado su colaboración para la prestación durante 2016 del servicio de ayuda a domicilio (SAD) con una aportación económica de 25.260.262 euros, lo que supone ejecutar más de dos millones de horas distribuidas entre 3.709 usuarios.

El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, que estuvo acompañado por los representantes de los ayuntamientos firmantes y la vicepresidenta primera y delegada de Bienestar Social, Felisa Cañete, subrayó la importancia de esta firma de adendas, ya que “la dependencia y la ayuda a domicilio son un derecho y debemos garantizarlos, a pesar de que Andalucía es la región que más recursos ha visto recortados, 342,1 millones de euros”.

En este sentido, hizo hincapié en el esfuerzo que está realizando la institución provincial, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que “están soportando el 80% de los costes cuando debería estar financiando el 50 por ciento del Estado”.

El presidente de la Diputación cordobesa destacó, además, que “la ayuda a domicilio genera empleo ligado a nuestros pueblos en un sector de la población muy específico, como es el de la mujer, que realizaba ya este trabajo sin ningún reconocimiento; genera beneficios para la economía y el desarrollo de los municipios y beneficios sociales, pues los dependientes pueden tener su autonomía dentro de su propio pueblo”.

Por su parte, la delegada de Bienestar Social, Felisa Cañete, hizo hincapié en que “el servicio beneficia a usuarios y familiares, pero también a los profesionales que se encargan de él porque genera empleo. En la provincia hay más de 1.600 auxiliares, fundamentalmente mujeres, y en la mayoría de los casos es el único modo de vida que tienen”. Por último, Cañete recordó que la ayuda a domicilio “es uno de los recursos más consolidados, más valorados y mejor aceptados por familiares y profesionales de los servicios sociales y no vamos a consentir que un recurso tan necesario que ayuda a mejorar la calidad de vida y generar empleo se vea mermado”.

La adenda suscrita por los ayuntamientos tiene una vigencia de un año y en ella quedan reguladas las condiciones y requisitos del Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio. El IPBS tiene previsto gestionar 2.047.366 horas de servicio llegando a 3.709 usuarios.