La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, constituida por las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USTEA, la Confederación de Asociaciones de padres y madres CODAPA, y el Frente de Estudiantes FdE, anunció el pasado 19 de febrero una jornada de huelga en defensa de la escuela pública como medida de protesta y rechazo ante el nuevo Decreto de Escolarización por entenderlo como «un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza».

Para esta plataforma son «inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahonda en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el gobierno de Andalucía está llevando a cabo». Así, se defiende que «es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho». Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados- concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas. En este sentido es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años.

Por último, los convocantes niegan que la aprobación de este decreto sea consenso con la comunidad educativa ya que «tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto». 

La respuesta de la Junta

Ante esta jornada de huelga, la delegada de Educación, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Inmaculada Troncoso, afirmaba en el día de ayer que los motivos de la huelga educativa convocada para hoy carecen, en opinión de la Consejería de Educación y Deporte, de «justificación basada en datos reales», y rebate los principales argumentos aportados por los convocantes, resaltando que los nuevos cambios en la escolarización «favorecen la elección de centro de todas las familias».

Troncoso sostiene que, entre otros motivos esgrimidos continuamente por los convocantes, la principal crítica consiste en acusar a la Consejería de Educación y Deporte de «atacar a la escuela pública», asegurando que las medidas adoptadas «provocarán el cierre de unidades públicas y el aumento en la enseñanza concertada». Esa aseveración es, en palabras de Troncoso, «totalmente disparatada», pues con «datos objetivos y reales» se demuestra que «Andalucía cuenta con la mayor apuesta de un Gobierno andaluz por la educación en los 40 años de autonomía, ya que la Consejería de Educación asume el presupuesto más elevado de su historia con 6.858 millones, 456 más respecto a las últimas cuentas socialistas». La delegada de Educación resaltó que «las modificaciones introducidas en la provincia son mínimas y, en ningún momento, benefician a un tipo de enseñanza o a otra, sino que favorecen la elección de las familias y ponen en el punto de mira al alumnado que, no lo olvidemos, es la esencia de la educación».