• Pablo Carrillo ha afirmado a hoyaldia.com que a día de hoy no tiene notificación alguna de ningún juzgado 

 

La sección de Pozoblanco del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SSPME-A Pozoblanco) ha informado que la Fiscalía Anticorrupción ha ordenado la declaración del que fuera alcalde de Pozoblanco, Pablo Carrillo, en el juzgado de Pozoblanco el próximo 26 de mayo dentro de la investigación de un presunto delito de prevaricación. Según el sindicato, esa declaración se haría extensible también al anterior Jefe de Policía.

Otra de las informaciones aportadas por el Sindicato es que esa misma Fiscalía ha solicitado nóminas de varios trabajadores del Ayuntamiento de Pozoblanco que «presuntamente cobraban más de lo que debían». Estas actuaciones llegan después de que el Juzgado número 1 de Pozoblanco remitiera a la Fiscalía Anticorrupción las diligencias y actuaciones motivadas por la denuncia que en marzo de 2015 se interpusiera contra el ex alcalde de la localidad, Pablo Carrillo, por un posible delito de malversación de fondos públicos y prevaricación. Por tanto, era la Fiscalía la que tenía que emitir el informe pertinente sobre las actuaciones a realizar que parece que se han materializado ahora.

Este periódico se ha puesto en contacto con el que fuera alcalde de Pozoblanco para conocer su versión ante la decisión anunciada por la Fiscalía. Carrillo ha asegurado que «a día de hoy no tengo notificación alguna de ningún Juzgado ni la he recibido en todo este tiempo«, ha expuesto. Ya en su día, Carrillo aseguró sentirse «tranquilo» ante los hechos que se le imputaban.

Histórico

Después de conocer la denuncia, que fue admitida a trámite en el mes de junio, el pasado mes de septiembre tres representantes sindicales acudían al Juzgado de Pozoblanco en el inicio de las declaraciones. Por aquel entonces, declaraban que se había ratificado la denuncia “por un presunto delito de malversación de fondos públicos al estar permitiendo que se paguen una serie de conceptos a funcionarios que no se dan”.

Otro de los argumentos que se esgrimía en la denuncia se basaba en la no tramitación de expedientes de tráfico y la extracción de puntos que acarreaban esas denuncias. En aquel momento, los representantes sindicales aludían a que las supuestas irregularidades se habrían cometido en el periodo comprendido entre 2011 y 2015 bajo “el mandato de Pablo Carrillo”. Posteriormente, en el mes de enero el Juzgado remitía las diligencias a la Fiscalía Anticorrupción.