La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayudas para el Alquiler de Vivienda, ideado para contribuir a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias más vulnerables. La consejera, Marifran Carazo, ha informado al Consejo de Gobierno de este programa, que cuenta con un montante de 30 millones después de que la Administración autonómica haya incorporado una partida adicional de 13 millones del Gobierno central, cuya dotación «no respondía a la demanda y las necesidades reales de la población andaluza».

«Son muchos más los andaluces que necesitan estas ayudas porque en estos momentos no pueden pagar el alquiler, por lo que vamos a poner fondos de los que dispone Andalucía para las políticas de vivienda ordinarias para afrontar la crisis extraordinaria del Covid-19 en materia de alquiler de vivienda», ha manifestado Marifrán Carazo.

En el reparto de fondos de la Administración del Estado, Andalucía ha recibido 17,1 millones de euros, que sólo cubrirían las ayudas al alquiler para 4.700 familias. Ante esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio aportará un complemento hasta alcanzar los 30 millones de euros. «Con esta asignación presupuestaria se podrá atender a unas 8.500 familias, una cifra que dependerá del precio de los alquileres y que se acerca más a la necesidad real que hay en la comunidad», ha recalcado.

A la provincia de Córdoba llegarán 2.145.961 millones de euros (1.573.705 millones de euros en 2020 y 572.256 en 2021 beneficiando a 596 familias cordobesas).

Marifrán Carazo ha destacado que su departamento está trabajando en las bases reguladoras desde el día que el Gobierno central publicó la medida. De esta manera, ha avanzado que la convocatoria será totalmente telemática, en concurrencia no competitiva y por la cual se podrá abonar el cien por cien de la renta del alquiler, con un máximo de 900 euros. Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la Orden Ministerial.

Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en el paro, afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 40%. Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad) tiene que ser superior al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Para agilizar trámites, se podrá acreditar mediante declaración responsable, pero en el plazo de un mes deberán aportar la documentación acreditativa. Las solicitudes, que se podrán presentar a principios de junio, se resolverán conforme vayan llegando hasta donde alcance el crédito disponible y será necesario tener dada de alta una cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda.

Marifrán Carazo ha recalcado que se está trabajando para contar con una aplicación informática ágil, que permita que las ayudas se abonen de inmediato. «Hay que comprender que el Gobierno central ha puesto en manos de las comunidades unas ayudas que sabemos que urgen y cuya tramitación administrativa es compleja por el gran volumen de solicitudes que se esperan», ha manifestado la consejera.