El pleno de la Mancomunidad de Los Pedroches celebrado en el día de ayer sirvió para conocer al detalle la deuda que atesora la institución comarcal, que supera los ochocientos mil euros. Una cifra que fue interpretada de manera opuesta por los principales grupos políticos representados, PSOE y PP, pero que los puso de acuerdo en relación al «viraje en la gestión» experimentado por la institución, algo reconocido desde las filas populares a través del alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, que aunque criticó la deuda indicó que «se ha mejorado en la gestión» y alentó a «seguir por este camino».

Las cifras en cuestión arrojaron un remanente de tesorería en valores negativos de 216.373, 39 euros, a los que hay que sumar la póliza de crédito vencida que la Mancomunidad tiene comprometida con una entidad bancaria, que asciende a los 793.852,40 euros tras aplicar los correspondientes intereses de demora. Según informó el presidente de la institución, Juan Díaz, se ha llegado a una acuerdo con dicha entidad bancaria para pagar esa deuda en cuatro plazos y hacerlo «con una aportación anual de 125.000 euros, lo que supone una reducción en esa cuantía de 293.000 euros».

El otro punto álgido del día llegó de la mano de una moción presentada, a priori de manera consensuada, relativa al anteproyecto de Ley  de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que viene preparando el gobierno central. La moción va encaminada a mostrar un rechazo claro a la pérdida de autonomía de los municipios, así como a mostrarse a favor de que una amplia lista de competencias puedan ser asumidas por cualquier municipio, con independencia de su número de habitantes.

Tras una exposición por parte del presidente del pleno, Juan Díaz, tomó la palabra Bartolomé Madrid que se mostró totalmente a favor de la moción reivindicando que «es justo que quien quiera dedicarse a la política pueda hacerlo con un sueldo digno«. El lío se montó cuando intervino el alcalde de Torrecampo, Andrés Pastor, que se mostró partidario de la Reforma de las administraciones locales y votó en contra, junto a otra concejala de su Ayuntamiento, y la alcaldesa de Cardeña, de esta moción.

Fue entonces cuando Díaz replicó para indicar que «creía que esta era una moción consensuada y que era una moción de todos». Una intervención que tuvo su contestación en las filas populares cuyos integrantes pidieron al presidente que «respetara la autonomía» de cada miembro del plenario y no «mermara la democracia». Un intercambio de acusaciones algo elevada de tono que acabó con una abstención, la de Benito García, tres votos en contra y diecinueve a favor.