La situación del Centro de Atención a personas con discapacidad física (CAMF) de Pozoblanco llegó ayer martes a la sesión de control del Senado. Lo hizo con la pregunta presentada por la senadora por Córdoba, Cristina Casanueva, al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sobre la situación tanto de la propia infraestructura como del personal. Concretamente, Casanueva (PP) preguntó: «¿Cuándo van a empezar las obras del CAMF de Pozoblanco y qué medidas va a adoptar el Ministerio ante las inminentes jubilaciones de su plantilla?». 

En una primera intervención, el titular de Derechos Sociales señaló que en 2023 se invirtieron 29.000 euros en una sala multisensorial y que las inversiones de 2019 a 2024 sobrepasaron el medio millón de euros. Después de este preámbulo, citó las obras de 3,5 millones de euros que vendrían a actuar para mejorar la infraestructura integral del centro para señalar que «están en marcha los trámites de contratación para el proyecto de las obras». Respecto a la plantilla, Bustinduy indicó que «si atendemos a las ratios efectivas de atención directa se encuentran en el doble del mínimo impuesto por la ley que es de 0,41″. No aludió el ministro en su respuesta a la planificación establecida en relación a las jubilaciones de los próximos años. 

Lo que sí abordó fue la causa competencial apuntando que «hemos iniciado un proceso de diálogo para explotar la posible integración de estos centros en un sistema cohesionado de prestación del servicio». Un diálogo motivado por «la anomalía» de que las competencias de atención directa en política social son de las comunidades autónomas y este tipo de centros son de titularidad estatal. Bustinduy recalcó que «en el caso de Pozoblanco, como en el de San Fernando, estamos a la espera de la respuesta de la Junta de Andalucía» e incidió en que «el ánimo del ministerio es tener una visión solo constructiva». 

La respuesta no pareció satisfacer a la senadora del PP que volvió a reiterar la falta de planificación ante la jubilación de 57 trabajadores en los próximos cuatro años y puso en entredicho el compromiso de esas obras. Ante las dudas, el ministro recalcó la «voluntad» de cooperar y defendió que «tomarse en serio la política social implica coherencia».