Ochenta y cuatro años después la historia de una familia consigue casi cerrarse, no lo hará nunca, entre otras cuestiones, porque hay quien se marchó sin conocer ni aproximarse a la verdad. El duelo en silencio revestido de negro que casi se inocula de generación en generación, que se cuela entre los recuerdos que caminan entre lo vivido, lo imaginado y el vacío que deja el no saber esa verdad. Ochenta y cuatro años después dos nietas de un asesinado por la Ley de Fugas en 1939, un abuelo al que no conocieron pero con el que crecieron, se emocionan con la información conseguida en el Tribunal Militar de Sevilla y que les ha permitido tocar con los dedos esa verdad perseguida. Su abuelo, Pedro Fernández Calleja, es una de las personas cuyos restos se encuentran en la fosa común que se ubica, y que está documentada, en el cementerio municipal de Pozoblanco, la «primera o segunda más grande de la provincia con represaliados después de la Guerra Civil», según cuenta la historiadora Carmen Jiménez Aguilera. La Ley de Memoria Histórica ha permitido encajar y «recuperar», precisamente eso, la memoria de víctimas del periodo más negro de nuestra historia como país. Pozoblanco, de momento, es uno de esos municipios a los que la Memoria Histórica parece no interesarle y muchos familiares esperan un reconocimiento silenciado durante mucho tiempo, al menos, «darle un lugar en su historia porque murió, como tantos otros, en el más absoluto anonimato con 30 años, con dos bebés y otro en camino», explican algunos de los nietos de Pedro Fernández. Les gustaría, al menos, que se realizara un monolito con los nombres de quienes yacen en la esa fosa del olvido, otra, aunque valoran las posibilidades de una posible exhumación. De momento, ellos recuperan la memoria de Pedro Fernández Calleja, su abuelo. 

«Hemos crecido toda nuestra vida con la historia de mi madre contándonos que a su padre lo mataron en la guerra y cuando preguntábamos dónde estaba enterrado, nos decían que no se sabía. Mi abuela, su mujer, murió cuando yo tenía 12 años, la recuerdo siempre vestida de negro y sin contar nada, lo que sabemos lo sabemos por mi madre», relatan. Ella, su madre creció, a su vez, con una historia que se evapora en apenas unas cuantas palabras: «a tu padre se lo llevaron cuando acabó la guerra y ya no lo vi más». El paso de los años, fue añadiendo detalles a esa historia y los nietos de Pedro Fernández Calleja conocieron los intentos infructuosos que hizo su abuela por encontrar a su marido. Una mujer que no se quitó el color del luto, ni la amargura de lo vivido y que se echó a una familia -tres crías- a las espaldas y las sacó a flote entre el hambre y el miedo. «Mi abuela se pensó que a mi abuelo lo mataron por un problema de lindes y que por eso alguien le delató y le acusaron de algo», cuentan sus nietos. Ellos, por su perseverancia, han tenido la suerte de acercarse de una manera más clara a la realidad de su abuelo. Pero, ¿por qué? «No sé explicarlo, pero sin conocerlo he tenido una conexión siempre muy fuerte con mi abuelo Pedro, no se me ha olvidado nunca las cosas que me contaba mi madre y todo lo que he preguntado. Te tenido siempre mucha inquietud por saber», apunta una de sus nietas sin evitar la emoción, una emoción que da sentido a todo. El derecho de saber. 

Esas ansias por saber le llevan a ponerse en contacto con la asociación «Todos los nombres» y de la mano de Julio Guijarro se acerca al expediente de su abuelo y descubre que le aplicaron la Ley de fugas. El mensaje del historiador y archivero es clave: «En los últimos días de la guerra y los inmediatamente posteriores se producen una serie de ejecuciones sin juicio, por investigaciones puede asegurarse que fueron numerosas. Se aplicó el bando de guerra o Ley de fugas en unas fechas en las que teóricamente era obligado que se instruyeran procedimientos judiciales militares, al menos he podido documentar 49 ejecuciones de este tipo en la zona. Pedro Fernández Calleja, según fuentes consultadas, fue ejecutado el 9 de abril de 1939. Incluso para las autoridades franquistas resulta improcedente este comportamiento por lo que se abren unas diligencias por orden del auditorio para investigar los hechos. A pesar de las pruebas que constan son sobreseídas en mayo de 1941, se conservan en el Archivo del Tribunal Militar Territorial de Sevilla». 

Y hasta allí, hasta ese archivo, se dirigieron para toparse con el expediente de su abuelo, una copia que «guardo como oro en paño, mi abuela se fue sin saber nada». Un expediente donde leen que su abuelo era trasladado con otros individuos a la cárcel del partido judicial y que «al llegar a las inmediaciones del establecimiento trataron de fugarse por lo que el jefe de fuerza ordenó abrir fuego en cumplimiento de su deber. Dicho individuos intentaron fugarse para eludir la acción de la justicia. Me personé ordenando el levantamiento de los cadáveres y ordenado su traslado al cementerio donde recibieron sepultura». Ahí está la clave, el traslado al cementerio porque todo conduce a la fosa común documentada en camposanto pozoalbense. «Tenemos el certificado de defunción, pero no de enterramiento, lo solicitamos pero nos dijeron que con ese nombre no había ningún certificado de enterramiento, pero el de diligencias con el traslado al cementerio sí que está», explican. En este punto, Carmen Jiménez Aguilera nos precisa que las peticiones de información al Ayuntamiento de Pozoblanco en este sentido son elevadas, aunque «la mayoría no se atienden».

Llegados a este punto esos nietos respiran porque su primer objetivo está conseguido. «Siempre lo hemos tenido muy presente, aunque mi madre no lo haya conocido ha sido muy nombrado, siempre preguntándose dónde estará. Nuestra madre falleció hace ahora un año, pero pudo leer esto -en alusión al expediente-, se murió sabiendo la historia de su padre», cuentan. No buscan en primera instancia un movimiento de tierras para buscar el cuerpo de su abuelo aunque sería el fin último. A lo que sí aspiran es a que su nombre ocupe un lugar, que su nombre pueda inscribirse, junto al del resto de personas que están enterradas en esa fosa. Para ellos es una cuestión de justicia y de memoria histórica y democrática. 

La ley de fugas en la comarca 

Francisco Moreno Gómez narra en su libro ‘Córdoba en la posguerra’ cómo los primeros efectos de la victoria llegaron con la aplicación de la «ley de fugas» en la comarca. «Hemos comprobado que en el Norte de Córdoba, una vez que los pueblos de esta zona republicana cayeron en manos de los vencedores al final de la guerra, durante todo el mes de abril se perpetraron fusilamientos arbitrarios, bajo la forma tradicional de la fatídica «ley de fugas»». Una «vieja forma de terror del Estado», la denomina con todo un «trágico historia en la España contemporánea». El autor asegura tras la documentación e investigación que durante el mes de abril de 1939 la aplicación de la «ley de fugas» produjo en Córdoba 60 víctimas, todas en el Norte de la provincia. La mayor parte aparecen inscritas en el Juzgado de Pozoblanco.