Tras conocerse en el día de ayer la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Córdoba al Ayuntamiento de Pozoblanco por el caso del joven que cobró sin trabajar hoy llegan las reacciones. Hay que recordar que el Ministerio Público ha decidido incoar las investigaciones para dirimir si existe un presunto delito de prevaricación y otro de malversación, según la información a la que ha tenido acceso este periódico. 

Equipo de gobierno

La primera reacción es la del equipo de gobierno que, tras la petición de valoración por parte de este periódico, indicó que carecen de la información «oficial» sobre la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, pero que «ofrecerá su total disponibilidad para facilitar toda la información que se le pueda solicitar sobre la gestión de Personal con total transparencia». En este punto, se incide en que es algo que «ya se está haciendo en la comisión de investigación que actualmente sigue abierta con el apoyo de todos los grupos municipales y en la que se ha facilitado toda la información requerida a los partidos de la oposición. Se mantendrá como es preceptivo esa misma línea de trabajo con el objetivo de que se pueda clarificar esta situación desde todos los ámbitos competentes». 

PSOE

El PSOE, por su parte, emitió una nota de prensa en el día de ayer en la que apelaba a la «prudencia» porque es la justicia «la que se tiene que hablar». Con todo, el portavoz de los socialistas, Rafael Villarreal, defendió que «le toca hablar al alcalde, no puede seguir mirando hacia otro lado». «Santiago Cabello tiene que explicar a la ciudadanía qué ocurrió para abonar nóminas a una persona que no estaba trabajando y, lo que es más grave, no poner solución cuando se tuvo conocimiento claro de que esto estaba ocurriendo”, asegura el portavoz socialista.

«Le toca al primer edil dejar de tirar balones fuera y ya que no ha dado las explicaciones oportunas en la comisión de investigación, le invito a que lo haga ante la ciudadanía asumiendo su responsabilidad”, defendió en el comunicado enviado a los medios de comunicación. Unas declaraciones que contradicen las defendidas por el propio equipo de gobierno que asegura que en la comisión se está dando toda la información y todas las explicaciones pertinentes. 

IU

El portavoz de IU, Emmanuel Vioque, indicó a este periódico que «valoramos de forma positiva todo lo que sea esclarecer los hechos que ya se vienen denunciando políticamente». «Hace algún tiempo señalamos el poco rigor que tiene este equipo de gobierno, especialmente Santiago Cabello, por la legalidad vigente, algo que no era una opinión política de este grupo municipal sino que empezaba a ser una opinión judicial con los diferentes procesos abiertos que tiene este Ayuntamiento en la vía laboral», indicó Vioque. El portavoz de IU señaló también el juicio del día 8 de julio «por el caso por el que abre diligencias la Fiscalía».

«Se nos ha criticado mucho desde el equipo de gobierno por decir esto, pero la realidad una gravedad mayor de la que al PP le gustaría y, con mucha precaución porque Fiscalía está pidiendo información simplemente, podemos afirmar que escrupulosos en los procesos de contratación y pago de nóminas, que competen a la alcaldía, no son», aseguró el portavoz. Vioque sustenta esta argumentación en la posibilidad que tenía Fiscalía de archivar el caso y «sin embargo pide información porque ve que algo no está acorde a la ley vigente». «Sabemos que esto puede acabar en un archivo o en una querella, queda mucho por ver, pero todo lo que venimos denunciando desde IU, durante este mandato y el anterior, se está empezando a ver», sentenció. 

Gerardo Arévalo

El último en valorar esta decisión fue Gerardo Arévalo que señaló que «es un paso más en el protocolo establecido en la investigación de un caso para determinar si los hechos constituyen un delito». «Ahora viene la segunda parte, investigar quienes son los culpables, creo en la justicia y creo que va a llegar hasta el final», indicó el ex concejal del equipo de gobierno quien separó los hechos de lo que dictamine la justicia porque «independientemente de eso no quita que sea una vergüenza para la institución y una desfachatez, todas las partes implicadas han reconocido que ese dinero se pagó». 

Arévalo considera ese reconocimiento suficiente para que «el alcalde dimita y se vaya porque nunca contó la verdad a la ciudadanía, ocultó la verdad. Vamos a esperar a lo que dice Fiscalía, pero son hechos que han ocurrido y constituyen una bajeza moral suficiente para una dimisión». Por último, Gerardo Arévalo pidió «respetar a la fiscalía, dejarlos trabajar y no interferir porque son personas preparadas, confío totalmente en la justicia sea cual sea su decisión».