El sindicato de enfermería Satse está pidiendo a los partidos políticos que presenten mociones en los ayuntamientos y diputaciones provinciales de Córdoba para que desde estas administraciones públicas se reclame al Gobierno y Consejería de Salud una dotación adecuada de enfermeras y enfermeros en todos los hospitales, centros de salud, dispositivos de urgencias y centros sociosanitarios.
Dentro de su campaña “La Sanidad que merecemos. Ley de ratios enfermeras”, el sindicato ha elaborado propuestas de moción con el objetivo de que los partidos políticos las hagan suyas y las presenten en las corporaciones locales y provinciales con el objetivo de instar al Gobierno de España a que asegure el establecimiento de una ratio profesional de enfermería/paciente que garantice un atención segura y de calidad a los pacientes y ciudadanos.
En las mociones se recuerda que Andalucía sufre un importante déficit de profesionales, al tener por ejemplo nuestra provincia sólo 4,78 profesionales por 1.000 habitantes cuando la media europea está cerca de nueve por 1.000 habitantes. En la provincia de Córdoba se necesitan más de 2.700 para alcanzar, al menos, la media de la UE. Una realidad que afecta a la salud y seguridad de los ciudadanos y profesionales, así como al funcionamiento del sistema sanitario público.
Por ello, Satse pretende que el Congreso de los Diputados debata una Iniciativa Legislativa Popular que, en caso de aprobarse, garantizará que en los centros sanitarios (hospitales, centros de salud, dispositivos de urgencias… y centros sociosanitarios) de la provincia de Córdoba haya un número máximo de pacientes por cada profesional de enfermería.
De cara a su debate futuro en el Parlamento español, una vez se recaben las 500.000 firmas necesarias, el sindicato considera fundamental que partidos políticos y administraciones públicas, como ayuntamientos y diputaciones, muestren públicamente su respaldo al objetivo de mejorar la atención y cuidados a los ciudadanos que representan, con igualdad y equidad entre comunidades autónomas y provincias.
Por ello, en las mociones se insiste en la necesidad de que cualquier ciudadano reciba la misma atención y cuidados, independientemente del lugar en el que resida, ya que, en la actualidad, cada servicio de salud autonómico establece el número de enfermeras y enfermeros en función de criterios diversos en los que cuenta más el interés por el ahorro económico que mejorar la calidad y seguridad en la atención sanitaria y cuidados que reciben .
Algo que contradice claramente lo estipulado en la Constitución española, que proclama el derecho a la salud de todos los ciudadanos (artículo 43), sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 14).
De otro lado, se recalca que las bajas ratios suponen un riesgo directo sobre la vida de los ciudadanos, aumentando de forma clara su mortalidad y morbilidad, según las evidencias cientificas existentes, además de incrementar el coste sanitario por el aumento de estancias hospitalarias y el consumo de otros recursos.
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