Se ha creado el mantra social:  ¡Yo confío en la Justicia! Lejos de ser eso una confección artificial de calado psicológico, debería ser una simple y cierta realidad, si viviéramos en un país de democracia plena. Se hace necesaria una aclaración, por no ser lo mismo el término vulgarmente concebido como la justifica, ese bien supremo que garantiza todos los principios esenciales del ser en sociedad, y otra, muy  distinta, es la Administración de Justicia, los garantes de la justicia, ese colectivo de jueces-zas magistrados/as y  su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial; a estos segundos, se refiere la cuestión.

El propio Consejo General del Poder Judicial (Órgano de gobierno de los jueces) viene admitiendo, desde el comienzo de esta muy cuestionable democracia, que la Justicia está perdiendo credibilidad año tras año, según reflejan tanto las encuestas como los informes de este órgano institucional, al igual que el  propio CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).  

Uno y  otro organismo, en sus informes de encuestas públicas, vienen suspendiendo tanto el funcionamiento de la justicia, como su administración a los ciudadanos, quienes en los últimos cuarenta años, no les han otorgado ni un simple aprobado.

¿Cuáles son las causas fundamentales de este deterioro interno y desconfianza de los ciudadanos? Varias pueden ser las respuestas causantes de ello, entre otras, las más esenciales: su falta de independencia y credibilidad; dos razones fundamentales que dinamitan al Poder Judicial desde su fuero interno.

Los poderes de un Estado Democrático tienen su fundamento en tres instituciones, que deben ser autónomas libres e independiente, en mutua y recíproca colaboración: El Poder Judicial (jueces y tribunales) El Poder Legislativo (Cortes Generales) y el Poder Ejecutivo (Gobierno).

Ocurre, como ha venido siendo a lo largo de la historia del constitucionalismo español, desde comienzos del siglo XIX, que el llamado Poder judicial (otras veces llamada Administración de Justicia) siempre ha tenido una dependencia material y orgánica de los otros dos poderes del Estado. Del Poder ejecutivo, tanto en la dotación de medios materiales, como de aceptación de las resoluciones contrarias a los interés políticos de los partido gobernantes; y respecto del Poder Legislativo, cuanto el nombramiento de sus componentes, como la inercia política de aprobación de leyes de contenido más político que sociológico que, aún a su pesar, los tribunales deben de hacer cumplir, aunque con un cierto margen de interpretación.

Esta dependencia de un poder constitucional, respecto de los demás, hace que el Poder Judicial se vea sometido a los caprichos políticos e intereses partidistas de los gobernantes de turno y, en lugar de revelarse ante tamaña aberración e injustica, han sido cómplices silenciosos durante más de dos siglos, en que, tanto los gobiernos han sido destituidos por las Cortes, como éstas disuelta por los gobernantes; pero nunca se ha producido una rebelión del Poder Judicial  contra cualquiera de sus dos mentores para conseguir al menos su independencia tanto económico-material, como de estructura, composición y contenido y recuperación de su dignidad, perdida en la memoria del tiempo.

Los dos partido político mayoritarios tienen secuestrado el Poder judicial que lleva más de dos años  sin cumplir a ley, en el sentido de su obligación de renovar la composición de sus miembros. El porqué, tiene fácil y simple respuesta, máxime teniendo en cuenta su secular sometimiento. Pues porque cada  partido político mayoritario quiere poner en el gobierno de los jueces, aquellos magistrados más próximo a la ideología e intereses a sus respectivos partidos.

La pregunta de la desconfianza anunciada ¿Cuál es la razón? Pues sencilla y simplemente, porque es el Consejo General del Poder Judicial quien nombra a los magistrados que desempeñan su función en los tribunales de justicia ( Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) que es donde se enjuician los delitos que puedan cometer estos responsables políticos que gozan de aforamiento ( privilegio que anunciado a bombo y platillo en las últimas elecciones generales, de hacerlo desaparecer, duerme el sueño del olvido.) A la sazón, recordemos el Whastsapp del que fueron portavoz del grupo parlamentario en el Senado, José Ignacio Cosido: “Controlaremos la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás”. Esta Sala segunda es precisamente la que resuelva en última y definitiva instancia los procesos que llegan a ella, sobre delitos cometidos por altos dignatarios de la Nación, entre los cuales se encuentran los parlamentarios.

Un miembro del Consejo General del Poder Judicial puesto en el cargo por su afinidad política con el partido que lo propone, está poniendo en grave peligro su independencia a la hora de juzgar; por ello con recto sentido de la justicia y concepto democrático del poder, habría de ser el propio Poder Judicial quien se rebelara contra este sistema electivo para garantizarse el respeto y confianza de los ciudadanos; y no cabe pensar, e incluso afirmar falazmente, que los componentes del Poder Judicial no administran justicia, y es cierto que no lo hace sentándose en los tribunales, pero sí sentando en ellos a los miembros que comparten su ideología, cumpliendo así el mandato implícito del partido que les ha nombrado a ellos.

Entonces, dicho lo dicho y visto lo visto, cabe preguntarse  ¿Se puede confiar en la Justicia? Si ese mantra de la confianza es un dogma de fe, sigamos confiando en ella, pero no creamos que tal y como hoy está estructurado el sistema, vamos a conseguir la paz social como fin que debe perseguir una Administración de Justicia autónoma, libre e independiente. Vemos cómo sus últimas resoluciones, más que complacer a la ciudadanía, están produciendo alteraciones sociales que, al menos, está creando la necesidad de modificación de ciertas leyes.

Yo, por convivir con la diosa ciega durante más de cuarenta años, me hizo agnóstico y eterno  protestante, ustedes pueden hacer lo que quieran pero piensen al menos en ¿por qué tienen tanto interés los partidos políticos para colocar “a sus jueces” en el gobierno del llamado Poder Judicial?