A poco que nos paremos a reflexionar, no podemos obviar que los derechos sociales garantizados por un Estado Social Democrático de Derecho (como se supone el nuestro) están en continua y permanente regresión. Es como una enfermedad que corroe lentamente sin dar la cara, y cuando muestra el verdadero rostro, quizás ya no haya nadie que pueda evitar el desastre que se nos avecina.
No es necesario entrar en el análisis político a nivel nacional ni tan siquiera internacional, la perversión está tan cerca de nosotros, que esa proximidad nos evita el verlo con claridad. Si a esa ceguera torpe de no querer ver, por tener nuestros intereses en otros fines, le añadimos que el producto se nos vende con una cara agradable y una verborrea sofisticada, propia de un vendedor de mercadillo, la situación se agrava sobremanera, cuando la verdad aflore ya será tarde.
Solo tienen ustedes que mostrar un mínimo interés por lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, delante de nuestras propias narices. El pasado martes asistí a un pleno en nuestro Ayuntamiento, por más esfuerzo que hice no pude soportar las perversidades, tergiversaciones, improperios propios de personas sin educación, con una falta de ética y respeto que raya lo inadmisible, y siendo eso así a todos los niveles políticos, cuando te llega tan de cerca algo que afecta a tu entorno, a tus vivencias diarias, con violación de tus derechos, hay que actuar.
Es una obligación de todo ciudadano, tanto como el defender su hogar, su patrimonio y su familia, también la de sus derechos sociales, porque la progresiva limitación o prohibición de esos derechos devendrá en un menoscabo de la libertad y, perdida ésta, volveremos a épocas no muy lejanas en la historia de nuestro país, que no pueden volver a repetirse. Habrá quien piense: ¡qué exageración!, pero sería muy lamentable no verlas venir, y aquí, muy próximo a nosotros esos derechos fundamentales del ciudadano se están cercenando y limitando por un abuso indecente y autoritario de la potestad del primer edil de nuestro municipio, legamente elegido, es incuestionable, pero indigno de representar los intereses generales de los ciudadanos de Pozoblanco.
El martes sufrí una experiencia que nunca pensé pudiera tener lugar en la época actual. En el pleno municipal, de entrada, se respiraba una aire cargado de tensión, todos los munícipes se intercambiaban miradas a cara de perro, la contienda se presumía, y tuvo lugar de una forma irrespetuosa, antidemocrática e insultante, al extremo que, sintiendo vergüenza ajena tuve que abandonar el escenario, donde el público asistente al acto igualmente sufría con indolencia los ataques a la democracia, a la verdad y al derecho de los representantes públicos de las minorías, y que haciendo esfuerzos se limitó a hacer comentarios sobre la actuación del munícipe, hasta que una persona de los asistentes al pleno interrumpe solicitando permiso para hablar, ante la impotencia por las alusiones que indirectamente se hicieron a ella. Hecho inusual, no por ello insólito, pues cuando se limita o coacciona la libertad de los representes públicos, la autoridad revierte en los ciudadanos, en una interpretación adecuada de la democracia. No solo no autorizó a dicha persona que replicara a las acusaciones indirectas que le hizo, sino que se vio obligada a abandonar la sala, antes de que fuera expulsada.
La democracia está en peligro y con ella los derechos de los ciudadanos de a pie, los “equites”, esa casta social que ampara y protegen los gobiernos conservadores de derechas, tienen garantizados sus privilegios, ellos no necesitan que nadie defienda sus intereses, son ciudadanos del mundo y está por encima de esas miserias humanas, pero los que tiene que luchar por la supervivencia diaria, los que carecen de recursos incluso para ejercitar los derechos más elementales y básicos, que son muchos, y cada días más, sufrirán las consecuencias de permisibilidades intolerantes, autoritarias, que menoscaban los derechos básicos, como son el divino uso de la palabra, derecho que ayer le fue cercenado a una ciudadana, a quien por toda respuesta fue expulsada de la sala de plenos donde la palabra tiene o debe tener su santuario, incluso por encima de cualquier norma rituaria que regule el momento en que debe de hacerse uso de ella. Cierto que todas las normas deben cumplirse, todas, no solo las que resulten favorables al impostor, sino aquellas que incluso cuestionen su legitimidad, salvo que tenga miedo a perderla.
Señor alcalde, la verdad no tiene fronteras, limites, ni momento, se eleva por encima de cualquier otro requisito, pero la verdad, no su verdad. Quien oculta la verdad es porque teme ser descubierto.
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